Para apertura y permanencia de empresas son 24 trámites más como requisitos; medidas ponen en riesgo operaciones de unidades económicas, pues se frena la inversión privada y el crecimiento, advierte la IP
LA RAZON
En el último año, el Gobierno federal presentó ante la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), mil 90 propuestas regulatorias; en promedio, son 96 cada mes y 24 semanales para la apertura y permanencia de empresas en el país.
La carga regulatoria pone en peligro la operación y sobrevivencia de las unidades económicas, la generación y permanencia de empleos formales e inhibe la inversión, aseguró el secretario general de la Coparmex, Gerardo Trejo, en entrevista con La Razón.
De acuerdo a la “Alerta Regulatoria” – herramienta habilitada en abril del 2021 —de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex)— durante el año pasado, 110 dependencias federales elaboraron propuestas regulatorias; pero sólo 10 concentraron 51 por ciento de todo el universo, es decir, 552, de mil 90.
Las secretarías de Economía (SE) y Hacienda y Crédito Público (SHCP) encabezaron la lista de las diez instituciones de gobierno que en 2021 elaboraron más propuestas regulatorias para las empresas al impulsar cada una 101 proyectos, es decir, 36.59 por ciento de las 552.
Le siguen la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, con 67, Secretaría de Salud con 49, Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con 48, Secretaría de Educación Pública (SEP) con 42, Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales con 38, Secretaría de Gobernación con 38, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana con 35 y finalmente la Secretaría del Trabajo y Previsión Social con 33.
De los 101 proyectos que promovió la SE, 78 corresponden a exención, siete con Análisis de Impacto Regulatorio (AIR) moderado y cuatro con AIR alto; mientras que la SHCP promovió otros 101, de los cuales 55 corresponde a exención, 43 con AIR moderado.
Casi la mitad de agremiados enfrentan excesos regulatorios. El secretario general de la Coparmex indica que los datos expuestos evidencian que durante más de tres años de la presente administración, los programas de desregulación “no han dado resultado” y la muestra es que durante el 2021, el 47.4 por ciento de los socios de la confederación tuvo problemas para realizar trámites gubernamentales.
Resaltó que “es de llamar la atención” que desde años atrás, escuchamos a nuestros gobernantes hablar del problema que representa para las mipymes la sobrerregulación.
“Se anuncian programas de simplificación administrativa, pero por alguna extraña razón el marco regulatorio para la apertura y permanencia de empresas es cada vez más complicado; claramente no han funcionado estos intentos de programas gubernamentales.
“Esta excesiva carga regulatoria, obstaculiza la generación de empleos formales y principalmente a los jóvenes que buscan trabajo y a los emprendedores. La tramitología frena la inversión privada, el crecimiento económico y el desarrollo inclusivo”, expuso Trejo.
En 2020, regulaciones administrativas aumentaron 24 por ciento; son 5 mil 255 nuevos trámites.
En comparación con 2019, en 2020, el Gobierno federal generó 24 por ciento más regulaciones administrativas, lo que implicó 5 mil 255 nuevos trámites federales, que frenan la competitividad de las empresas, principalmente micro, pequeñas y medianas.
Además, el secretario general de la Coparmex destacó que en 2020 se incrementó 34 por ciento las regulaciones que no pasaron por un proceso de consulta pública.
Con base en un estudio de México Evalúa, las pequeñas empresas en México destinan 500 horas al año para cumplir la carga administrativa burocrática que les impone el Gobierno federal para seguir operando.
“Por ello no sorprende que en México 60 por ciento de la actividad económica esté concentrada en la informalidad; en los hechos cada vez se complica más ser empresario formal porque el exceso de trámites es a nivel federal, estatal y municipal”, afirmó Gerardo Trejo.
Las empresas más perjudicadas son las empresas de menor tamaño donde los propietarios carecen de recursos económicos para contratar personal especializado que lleve a cabo la tramitología y tiene que dedicar tres meses a trámites.