- Lo que se diga o no, puede interpretarse como un ataque contra las instituciones y ser objeto de cárcel hasta por 15 años; Copete Zapot.
Irineo Pérez Melo.- Al dejar subsistente el delito contra las instituciones de seguridad pública, comunicadores y activistas, así como ciudadanos que levantan la voz, están en riesgo de ser sujeto de la acción de dicha norma, advirtió Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, consejera estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
En conferencia de prensa, la exlegisladora federal y estatal, alertó que la “seguridad de ustedes (los comunicadores) también depende de lo que digan o no, porque se puede interpretar como ataque a las instituciones de seguridad y demás”.
Por ello, invitó a hacer fuerza común todos y todas para que en Veracruz cese está situación que es alarmante, por lo que de ser necesario se convocaría a la realización de movilizaciones para echar abajo esas leyes.
“El PRD auténtico y genuino tendrá que volver a las calles, pero acompañado de la sociedad en su conjunto que está analizando todo lo que está sucediendo en nuestro estado”, agregó.
Destacó que Veracruz vive actualmente un retroceso con el gobierno de la Cuarta Transformación, por lo que no podemos ser omisos, “hoy por ellos, mañana por nosotros y hablamos de todos”, recalcó.
De la iniciativa turnada por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez para derogar el delito de ultrajes a la autoridad, consideró que a lo mejor al “Ejecutivo del Estado se le olvidó mandar una iniciativa completa para derogar los dos tipos penales que hoy se consideran lesivos; le corresponde a los diputados, que dentro de sus atribuciones, tienen toda la facultad para reformar las leyes y para derogarlas, por lo que les hacemos un llamado que son la voz del pueblo, atiendan estos criminales tipos penales que hoy son una demanda sentida de la sociedad”, añadió.
Mencionó que de no derogarse el Código Penal cómo se está demandando por los veracruzanos, los mil 33 que de acuerdo a la Fiscalía, están recluidos en los penales de la entidad, no podrán obtener su libertad, al aplicárseles el delito de ataques a las instituciones de seguridad pública, que establece hasta quince años de pena.
En ese tenor, invitó por último a los ciudadanos a levantar la voz, “e iniciar una lucha social, no una lucha partidaria, que alcance a toda la sociedad en su conjunto, porque ya lo decía hoy son los presos que están de manera injusta, como es el caso de Rogelio Franco que puede llevar su proceso en libertad, pero no han querido liberarlo porque es un político incómodo para el gobierno actual.