Manuel Rosete Chávez
“Con la vida de la gente no se juega”
Luis Donaldo Colosio Riojas
En el día en que se conmemora el natalicio de don Benito Juárez García, 21 de marzo, todos los medios de comunicación lo dedicaron ayer a cubrir la inauguración del aeropuerto de Santa Lucía, la primera gran obra del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, político que se autodefine como “juarista” aunque en los hechos esté haciendo todo lo contrario que el ilustre forjador de la patria de origen indígena, liberal y republicano quien fue abogado, Diputado Federal, Gobernador de su natal estado de Oaxaca, Ministro de la Suprema Corte y Presidente de la República.
A él se debe el establecimiento de las Leyes de Reforma, que separaron a la Iglesia del Estado; y la derrota de las fuerzas imperialistas invasoras. Fue llamado “Benemérito de las Américas”, por su implacable defensa de la libertad e independencia de México.
Pero bueno, eso ya pasó, solo los conservadores se acuerdan de él, lo importante es el presente porque el futuro no existe. A lo mejor por eso los medios de comunicación enfocaron todas sus baterías, y dispusieron de personal en el aeropuerto para que dieran cuenta de tan especial evento que puso de frente al mundo nuestro verdadero nivel.
Los puestos de chácharas en el interior del aeropuerto incluyendo unas ricas tlayudas, el montón de detalles que faltan por concluir en la “flamante obra” como el hotel, y en las redes sociales los empleados de la 4T chambeando con todo para tratar de combatir la inconformidad social que existe contra este “gobierno” que nos va llevando al fondo del precipicio con sus desatinos y sus ocurrencias. Sí, ocurrencias como las que dijo AMLO durante la mañanera, dando crédito al periodista Jorge Berry y al comediante Chumel Torres, quienes dudaron de que el aeropuerto fuera inaugurado el 21 de marzo, como si eso fuera importante.
Mientras tanto la organización Mexicanos Contra la Corrupción, hizo circular cuando menos cuatro investigaciones sobre actos de corrupción que se han cometido durante la construcción del nuevo aeropuerto, por ejemplo el de que la Secretaría Nacional de la Defensa (Sedena) otorgó tres contratos por más de 141 millones de pesos para la construcción del aeropuerto de Santa Lucía a empresas vinculadas con “factureros”.
En documentos obtenidos por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) consta que el 26 de febrero de 2020 la Sedena suscribió un contrato por un monto mínimo de 76 millones de pesos y un máximo de 192 millones con un consorcio de seis empresas, entre las que se encontraba Valbri Services SA de CV, que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) etiquetó en diciembre de aquel año como presunta simuladora de operaciones, al haber detectado que carecía de activos y personal. La empresa no logró desvirtuar el señalamiento del SAT y en junio de 2021 fue incluida en el listado definitivo de empresas “factureras”.
Por el contrato que involucra a Valbri, la Sedena pagó finalmente 120 millones de pesos. En la firma del contrato, la representante de Valbri Services declaró que el domicilio de la empresa estaba en una casa de la calle Cerro de la Estrella, en la colonia Campestre Churubusco de Coyoacán, que coincide con la dirección de la Confederación Libertad de Trabajadores de México, mejor conocido como Sindicato Libertad, cuyo dirigente, Hugo Bello Valenzo, fue detenido en agosto de 2020 acusado de secuestro exprés, además de ser investigado por extorsión, lavado de dinero y despojo.
La Unidad de Inteligencia Financiera congeló en 2020 las cuentas de Hugo Bello y la de cuatro empresas creadas con presuntos prestanombres del líder sindical, quien presumía que el sindicato Libertad contaba con más de 2 millones de agremiados en 20 estados. En el consorcio que obtuvo el contrato para el acarreo de materiales participaron, además de Valbri Services, las empresas Minas en la industria del Progreso, Ivradol Grupo Comercial, Terra Teka y Martínez Villegas SA de CV, así como una persona física con actividad empresarial. Y así sigue el documento en el que se demuestra con pruebas los actos de corrupción cometidos por la Sedena en Santa Lucía donde cualquier extranjero o paisano pueden adquirir artesanías como si anduvieran en un mercado, no en un aeropuerto internacional.
Un aeropuerto aldeano
A propósito de lo mismo, la inauguración del nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles (AIFA) estará marcado por el desinterés de líneas aéreas internacionales, empresas y bancos para operar en la terminal; la falta de certificación para volar a Estados Unidos; y los señalamientos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de que siguen sin aclarar 4 de cada 10 pesos destinados a la construcción de la terminal aérea.
Lo anterior sin contar una intensa lucha política en torno a la calidad y viabilidad de una de las obras emblemáticas del gobierno del presidente López Obrador, donde lo mismo se difunde profusamente una bandera caída antes de la inauguración que el recorrido de menos de una hora, durante la madrugada y en día festivo, desde Palacio nacional. Tres años después del inicio de la administración morenista, se mantiene vivo el debate sobre el costo verdadero de la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de Texcoco y la construcción de una nueva terminal que no cuenta con certificación para rutas aéreas internacional y donde sólo operarán tres líneas aéreas nacionales -Volaris, VivaAerobus, Aeroméxico- y la venezolana Conviasa que ofrecerá un vuelo a la semana, negociado con el gobierno de ese país.
En una verdadera danza de cifras, condicionada por intereses políticos, se menciona que la cancelación de Texcoco y la construcción de Santa Lucía podría haber alcanzado en su conjunto casi los 500 mil millones de pesos, con lo que se podrían haber construido cuatro terminales aéreas iguales al AIFA.
Cuatro de cada diez pesos sin aclarar
Según ha confirmado el propio gobierno federal, el presupuesto ha tenido que ampliarse en al menos dos ocasiones. Según la suma que se ha venido haciendo de dinero, tanto del presupuesto de Egresos, como los informes de la Auditoría Superior de la Federación, lo gastado en ese aeropuerto es 125 mil millones de pesos y no 75 mil como se planeó originalmente. A pesar de que el presidente López Obrador ha pedido transparentar la vida pública -incluso los ingresos de particulares-, el 83% de los contratos de obra civil, materiales, equipos en Santa Lucía fue otorgado por adjudicación directa a proveedores y no por concurso de adjudicación. En febrero pasado, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que el gobierno federal dispuso hasta ¡20 mil 243 millones de pesos más! de los efectivamente reportados en la construcción del Aeropuerto Internacional. Este monto representa alrededor de un 40.6% de los 49 mil 765 millones de pesos en posibles daños al erario detectados en la tercera entrega de los resultados de la Cuenta Pública 2020. Es decir, no sabe el destino de 4 de cada 10 pesos invertidos en el AIFA.
Sin embargo, por presión del presidente de la República, la ASF informó que habría de revisar la metodología para calcular el costo exacto, toda vez que la cancelación del NAICM en Texcoco podría tener inconsistencias. Un mes después, ni la ASF ni el Presidente se han pronunciado sobre los resultados de la auditoría, con el propósito de no empañar la inauguración del aeropuerto este 21 de marzo.
Además, para completar el presupuesto que le permitiera continuar con la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, la Secretaría de la Defensa Nacional utilizó recursos del Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo Militar, informó la Auditoría Superior de la Federación (ASF), lo que habría incrementado su costo por encima de lo que reconoce el gobierno federal.
Frente a un recorte de los fondos para la terminal aérea que aplicó la Secretaría de Hacienda entre 2020 y 2021, el Ejército echó mano de 16 mil millones de pesos de dicho fideicomiso, explicó la ASF en el Informe de la Cuenta Pública 2019. La auditoría reportó que detectó “una brecha” entre los recursos que se requieren para la obra y los que han sido autorizados por Hacienda. ¡Chulo veraneando!, decía don Rubén Pabello Acosta.
REFLEXIÓN
Si, se impone una investigación seria, responsable, sobre los hechos ocurridos la madrugada de ayer en un antro que se localiza sobre la avenida Araucarias, en la ciudad de Xalapa, donde supuestamente aventaron una granada que no estalló. El asunto parece de vacilada pero ha acentuado el clima de incertidumbre en que vivimos ante tanta violencia. Aprendan señores encargados de la información oficial que los espacios vacíos los aprovechan los adversarios. Ya casi se van y no saben ni por dónde agarrar. Escríbanos a mrossete@yahoo.com.mx | formatosiete@gmail.com