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Un juez federal aceptó este martes una demanda colectiva presentada por un grupo de ambientalistas en contra de las empresas ICA, Acciona y Grupo México, en la que reclaman 27 mil millones de dólares por daños ambientales ocasionados por la construcción del Tramo 5 del Tren Maya.
La Organización Nacional de Responsabilidad Civil del Estado Mexicano (ONRE) informó este martes que un juzgado federal aceptó la demanda ya que no existe un estudio de impacto ambiental en la construcción del Tramo 5 del Tren Maya, que va de Tulum a Cancún.
“Esto se les demanda a las empresas directamente porque son la principales responsables del ecocidio. Una cosa es que les dieron permiso de no tener permiso de ejecutar, y otra cosa es que ellos violen la ley a sabiendas de saben que necesitan un estudio de impacto ambiental”, aseguró la organización en una rueda de prensa realizada este día.
“Todos los involucrados en el Tren Maya deben de pagar porque incumplen en la ley… No van hacer negocio”.
“Si el juez ve que no tienen permisos, tendría que inmediatamente parar todos los trabajos del Tren Maya que se han hecho porque así se lo demanda la ley. Esto es una demanda de reparación de daño”.
El pasado viernes 13 de mayo, el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito confirmó un amparo provisional en contra de las obras del Tramo 5 del Tren Maya.
De forma unánime, el Tribunal declaró como infundada la queja que presentó el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) contra el amparo provisional otorgado por el Juzgado Primero de Distrito de Yucatán.
La asociación civil DMAS por su parte informó que el próximo 27 de mayo se realizarán las audiencias para resolver la posible suspensión definitiva del Tramo 5 del Tren Maya.