Un seguro de vida por 3 mdp, el presunto móvil del asesinato de directivo de Universidad La Salle

La esposa del occiso pretendía cobrar un seguro de vida y una pensión vitalicia

EL UNIVERSAL

Un seguro de vida de 3 millones de pesos y una pensión vitalicia de 80 mil pesos, podrían ser los  móviles del asesinato de Enrique «N», académico de la Universidad La Salle.

De acuerdo con el periodista Carlos Jiménez, Areli, la esposa del directivo de la universidad privada, le pidió a su amante Oscar, matar al padre de sus hijos. “Dijo que cobraría un seguro de 3 millones de pesos y una pensión vitalicia de 80 mil pesos mensuales”.

Según los datos recabados, ella atestiguó que su esposo nunca había llegado a su casa, sin embargo, las evidencias de los registros telefónicos de Enrique, el análisis de GPS, las cámaras de seguridad y los testimonios recabados, revelaron que el hombre llegó a su casa en la camioneta a las 8:20 de la noche del lunes. Y a las 9:40 de la noche su camioneta salió de su domicilio.

El académico, habría sido asesinado con un balazo en la cabeza, lo metieron en la cajuela de su propia camioneta y lo llevaron a calles de Miguel Hidalgo para ahí abandonarlo”, detalló el periodista.

Así fue la detención de la esposa y el amante

A través del análisis de las cámaras de videovigilancia, la recopilación de datos y diversas acciones de vigilancias fijas y móviles, se identificó un vehículo color gris en el que, al parecer, huyeron los probables responsables tras  abandonar del cuerpo, al que se dio seguimiento por calles y colonias de la alcaldía Miguel Hidalgo, el municipio de Naucalpan en el Estado de México y su llegada a un inmueble en la alcaldía Tlalpan.

Así, en un despliegue simultáneo en la alcaldía Tlalpan, fueron detenidas dos personas el 10 de agosto, una mujer identificada como esposa del occiso y un hombre señalado como pareja sentimental y extramarital de la detenida, a quienes se les hizo de conocimiento la orden de aprehensión en su contra y sus derechos de ley, previo a su traslado a los centros de reclusión correspondientes donde quedaron a disposición de la autoridad que los requiere.