De acuerdo con los informes de la oficina de la ONU de DDHH, la primera de las cuatro ejecuciones, la de Mohsen Shekari, se llevó a cabo el 8 de diciembre de 2022. Cuatro días después, Majidreza Rahnavard fue ejecutado solo 23 días después de su arresto el 19 de noviembre.
PROCESO
CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos Volker Türk acusó que el gobierno de Irán estaba utilizando la pena de muerte como arma para infundir miedo en la población y acabar con la disidencia, y dijo que las ejecuciones equivalían a asesinatos perpetrados por el Estado.
«La militarización de los procedimientos penales para castigar a las personas por ejercer sus derechos básicos, como las que participan en manifestaciones u organizan manifestaciones, equivale a un asesinato sancionado por el Estado», dijo Turk en un mensaje dirigido a la prensa en Ginebra.
Turk consideró que las ejecuciones de al menos 4 jóvenes en el marco de las protestas “violan el derecho internacional de derechos humanos del que Irán es parte”.
“El gobierno iraní está utilizando como armas los procesos penales y la pena de muerte para castigar a las personas que participan en las protestas y sembrar el miedo en la población a fin de acabar con la disidencia, en violación del derecho internacional de los derechos humanos”, observó Türk.
“Cuatro jóvenes que participaron en las manifestaciones recientes fueron ejecutados durante el último mes tras juicios acelerados que no cumplieron con las garantías mínimas de juicio justo y debido proceso exigidas por el derecho internacional de los derechos humanos vinculante para Irán, lo que hace que sus ejecuciones equivalgan a la privación arbitraria de la vida’’, remarcó Turk.
Ejecuciones: homicidio intencional
“El Gobierno de Irán serviría mejor a sus intereses y a los de su pueblo escuchando sus quejas y emprendiendo las reformas legales y políticas necesarias para garantizar el respeto por la diversidad de opiniones, los derechos a la libertad de expresión y reunión, y la plena respeto y protección de los derechos de la mujer en todos los ámbitos de la vida”, valoró.
Las violaciones del debido proceso y de las garantías de un juicio justo registradas por la Oficina de Derechos Humanos de la ONU incluyen: “la aplicación de disposiciones penales vagamente redactadas; denegación del acceso a un abogado de elección y del derecho a presentar una defensa; confesiones forzadas obtenidas mediante tortura y malos tratos; incumplimiento de la presunción de inocencia; y la denegación del derecho significativo a apelar contra la condena’’.
Además, agregó Türk,las sentencias de muerte se impusieron luego de condenas por cargos, como moharebeh (hacer la guerra contra Dios) y efsad-e fel arz. (corrupción en la tierra) – que están muy por debajo de ‘los crímenes más graves’ como lo exige el derecho internacional de los derechos humanos.
“Esto significa delitos de extrema gravedad, como el homicidio intencional”, lanzó.
Según los informes de la oficina de la ONU de DDHH, la primera de las cuatro ejecuciones, la de Mohsen Shekari, se llevó a cabo el 8 de diciembre de 2022. Cuatro días después, Majidreza Rahnavard fue ejecutado solo 23 días después de su arresto el 19 de noviembre. El 7 de enero de 2023 fueron ejecutados Mohammad Mehdi Karami y Mohammad Hosseini.
“Todos fueron ejecutados en secreto sin que sus familias fueran informadas. Esto en sí mismo constituye una violación del derecho internacional de los derechos humanos’’, deploró Turk.
Según los informes, al menos otras 17 personas han sido condenadas a muerte, entre ellos una mujer, y hasta 100 más enfrentan cargos por delitos capitales.
Miles de personas han sido detenidas desde que estallaron las protestas en todo el país en septiembre pasado tras la muerte de Jina Mahsa Amini, quien falleció poco después de que la arrestaran por llevar el hiyab de forma inadecuada. Cientos han muerto en la represión del gobierno contra los manifestantes.
La Oficina de Derechos Humanos de la ONU ha recibido información de que son inminentes otras dos ejecuciones: la de Mohammad Boroughani, de 19 años, y la de Mohammad Ghobadlou, de 22 años, advirtió Turk.
“Reitero una vez más mi llamamiento al Gobierno de Irán para que respete las vidas y las voces de su pueblo, imponga una suspensión inmediata de la pena de muerte y detenga todas las ejecuciones”, dijo el Alto Comisionado para los Derechos Humanos.
“Irán debe tomar medidas sinceras para emprender las reformas que requiere y exige su propio pueblo para el respeto y la protección de sus derechos humanos”, urgió.