Advierte que “pone en riesgo severo la organización de elecciones y de mecanismos de participación ciudadanas, bajo los principios y estándares establecidos, así como de otras actividades sustantivas de carácter permanente que afectan el ejercicio efectivo de derechos fundamentales de naturaleza política, a la identidad y, a la información, entre otros”.
El INE expuso que hay riesgo de que no existan los instrumentos de coordinación y colaboración debidamente formalizados previo al inicio del proceso electoral concurrente a efectuarse en 2024, lo cual podría derivar en la incertidumbre de la distribución de las tareas a realizar por cada una de las partes e incurrir en retrasos que interfieran en desarrollo de los procesos electorales.
Además, señala que la reforma no responde a criterios técnicos, sino de “oportunidad política”.
“Los dos decretos de reformas (el que ya se publicó y entró en vigor, así como el que está pendiente de concluir con su proceso legislativo) tendrán repercusiones negativas en el ejercicio de la función estatal de organizar las elecciones en nuestro país, pues afectarán aspectos sustanciales para la organización de los comicios, así como también las condiciones de la competencia electoral”, subraya.
Sostiene que la reforma electoral modifica la naturaleza constitucional de los órganos directivos, ejecutivos, técnicos y de vigilancia del INE, lo cual “tergiversa y confunde su carácter”.
Además, señala que al Órgano Interno de Control del INE se le adicionan funciones que rebasan de manera excesiva su función constitucional de fiscalizar los ingresos y egresos de la autoridad electoral nacional.
En otro punto, apunta que con la eliminación de las Juntas Locales Ejecutivas se suprimirían 262 plazas, quedando vigentes 96 para el Servicio Profesional Electoral; en cuanto a las Juntas Distritales, se eliminarían mil 500 plazas, restando solo 300.
Es decir, que la reforma plantea la eliminación de un 84.6% del Servicio Profesional Electoral.