Arturo Reyes Isidoro
¡Uf! Qué semana, la que termina.
Con un candor que asombra, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez detonó un verdadero escándalo cuya repercusión seguramente no imaginó y por lo mismo no dimensionó.
En una conferencia de prensa aceptó, y confirmó, que su gobierno entregó contratos en forma directa, sin licitar, por más de 100 millones de pesos a una simple trabajadora de la SEV, Araly Rodríguez Vez, que la página del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), de la SEP, deja en claro que no es eventual sino de base con el nombramiento de “secretaria de apoyo” y que al 15 de enero pasado aparecía con un sueldo bruto mensual de 8,438.46 pesos.
Queriendo minimizar el hecho, lo redujo a una posible evasión de impuestos por parte de empresas involucradas y dijo que se investigaba a la mujer, y, peor, declaró que se había enterado del asunto por una pregunta de los reporteros.
“Las conferencias son de ida y vuelta, hay que estar pendientes y ustedes me ayudan mucho”, reconoció y, de hecho, por primera vez reconoció el valor del papel que juegan porque antes se había distinguido por recriminarlos alzándoles la voz.
A confesión de partes, relevo de pruebas, dice un famoso axioma jurídico. Pero si eso no hubiera sido suficiente, de todos modos afloraron pruebas que dejaron un tufo a cañería de aguas negras de corrupción.
El escándalo permeó en la opinión pública, esto es, entre los veracruzanos, que ahora están pendientes por saber el desenlace del asunto.
La relevancia del caso es que la declaración salió del propio gobernador, que de esa forma validó lo que la oposición, el PRI, su dirigente estatal, Marlon Ramírez Marín, había denunciado en el Congreso local y que la prensa había recogido y publicado.
¿Se imaginan a Andrés Manuel López Obrador aceptando en una de sus mañaneras que su gobierno entregó contratos por 100 millones de pesos, sin licitar, a una simple empleada de la SEP, administrativa, que apenas si sabe leer y escribir y que gana menos de 10 mil pesos mensuales?
Efectos políticos colaterales
Aparte de la consecuencia legal que tiene el hecho, porque la debe tener necesariamente, la declaración tiene efectos políticos colaterales.
El presidente del PRI quedó bien parado. El gobernador confirmó que fue cierto lo que denunció en el Congreso. De alguna forma descalificó a los funcionarios que en comparecencias se negaron a responder, y de paso exhibió a los diputados de su partido por omisos, porque fueron ellos los que debieron haber tomado esa que es una verdadera bandera del combate a la corrupción.
La oposición, que se alista para competir en el proceso electoral del próximo año, se hizo de una bandera que va a enarbolar por todo lo alto y en la forma más vistosa posible y se la va a restregar, ¿usted lo duda?, a los guinda en la cara cuando estos quieran presumir de honestos en sus próximas campañas.
Los electores, que todavía dudaban que los de la 4T fueran corruptos y que les creían que eran inmaculados, ahora tienen elementos que puede hacerlos, o que les hará, cambiar de opinión o por lo menos los pondrá a dudar. Si el asunto no lo aclaran de la manera más transparente y satisfactoria, pondrán en riesgo el voto a su favor.
Todo por un verdadero desliz, sin tener plena conciencia de lo que se decía e implicaba y menos de sus consecuencias.
Pagan, corriéndola, a quien les dio a ganar mucho dinero
Ahora están en un verdadero embrollo. El anuncio de que al vencérsele su contrato (es de base) ya no van a darle trabajo a la empleada de la SEV no resuelve ni aclara nada, al contrario, la dejan en calidad de víctima pues echándola a la calle le pagan por un invaluable servicio que les prestó como prestanombre (si es que deveras es cierto) cuando a alguien o a algunos, sin duda, les ha dejado millones de pesos de ganancias.
Los testimonios periodísticos que han exhibido un domicilio fiscal falso, exactamente igual que como los crearon en el gobierno de Javier Duarte para robar recursos públicos, no les deja margen para reducir todo a una evasión de impuestos.
Pero a la confesión pública del gobernador se suma un elemento más, terriblemente comprometedor para su gobierno: los documentos, las copias de los contratos que existen en el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), del gobierno federal, y en la plataforma de Transparencia Mexicana, así como la página del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE). O sea, cometen el crimen y dejan todas las huellas posibles. Hasta en eso han resultado burdos, chambones. Cuánta falta les hace leer a Arsenio Lupin, un famoso ladrón francés, caballero, encantador, hábil para escabullirse y no dejar huellas, y finísimo para robar, tanto que hasta termina uno por admirarlo.
¿Es que pensaron que nadie iba a terminar por darse cuenta de lo que han estado haciendo e investigar? Ese ha sido un mérito de Marlon Ramírez Marín y su equipo, que los han estado vigilando y vienen documentando las irregularidades, y ese es el mérito de los reporteros de investigación que saben dónde buscar.
Pero el gobernador dejó abierta una puerta de salida cuando dijo que se investiga. Puede salir del atolladero en el que se metió si anuncia ahora que se investiga no solo a la trabajadora sino también a los funcionarios que están involucrados, si pone en claro los negocios que se han hecho, el desvío de recursos, y los denuncia y ordena que se les castigue. Y que lo que se hayan llevado que lo devuelvan.
Si no busca chiva expiatoria o chivos expiatorios, si actúa con toda transparencia y decisión y castiga a los culpables, no solo pondrá a salvo su imagen y la de su gobierno, sino que también le quitará la bandera en la que ya se envuelve la oposición con la que piensa exhibirlos como unos corruptos más.