Además, insta a recordar que «el hecho de que el acusado haya planteado esta defensa no exime al gobierno de la carga de probar todos los elementos de los delitos imputados más allá de una duda razonable».
Indican que se «ha planteado que aunque la evidencia fuera suficiente para probar, más allá de una duda razonable, que fue integrante de la mencionada conspiración, en 2012, cuando dejó el gobierno mexicano, se retiró de las conspiraciones imputadas, y que por lo tanto se agotó el plazo de prescripción antes de que el gobierno obtuviera una acusación en su contra en 2019».
«El plazo de prescripción es una ley que pone límites en cuánto tiempo el gobierno obtiene una acusación». Y «para los cargos en este caso, el plazo de prescripción es de 5 años», argumentan.
Recuerdan que «si se halla evidencia preponderante de que el acusado renunció a la conspiración, debe hallar al acusado no culpable».
Mencionan que «una vez que una persona se convierte en miembro de una conspiración, esa persona sigue siendo miembro hasta que se retira de ella».
Cogan respondió anteriormente a una petición de la defensa para prohibir que se realicen preguntas sobre ciertos temas y dijo que eso es algo que no puede hacer.
Con ello, si Genaro García Luna testifica, se abre la posibilidad de que los fiscales le formulen preguntas acerca de su riqueza posterior a 2012.
El ex secretario encara la próxima semana las últimas sesiones del proceso antes de que los 12 miembros del jurado decidan si es culpable o inocente.
El jefe de la defensa había informado a los medios que el equipo de abogados tenía que tomar una decisión sobre el testimonio de García Luna, aunque precisó que es el acusado quien tiene la última palabra.