Familiares y defensa interponen queja ante Derechos Humanos por su proceder al considerar que autoridades judiciales incurren en violación se garantías individuales.
Irineo Pérez Melo.- Familiares de Javier “N”, quien desde hace nueve años se encuentra privado de su libertad en el Penal de Pacho Viejo, denunciaron irregularidades cometidas por las autoridades judiciales del estado de Veracruz “al no conducirse con equidad y solo se han enfocado en satisfacer el interés de la acusadora”.
En conferencia de prensa, su hermana Matilde Breña, en compañía de la abogada defensora Andrea Juárez, dio a conocer, que el caso de su hermano ha estado plagado de errores que cuestionan la actuación del sistema de Justicia de Veracruz, pues su familiar “ha sido acusado falsamente y se le ha privado del derecho de ver a sus hijos, y el proceso, por el cual se encuentra en el penal de Pacho Viejo, tiene graves fallas que no solo atentan contra sus derechos, sino contra sus hijos.
Recordó que su hermano al momento de ser privado de su libertad se demostró, desde el primer dictamen médico, hecho por un profesional, que la supuesta víctima no tenía daño físico ni daño emocional y los psicólogos que hicieron las entrevistas de algunas personas involucradas no contaban con la especialidad que se requería en la materia.
Además, las autoridades de justicia no siguieron el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Infancia y Adolescencia, que debió guiar el actuar de los juzgadores, tanto en el número de entrevistas hechas a los menores, así como en su formato, desatendiendo con esto los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Hasta ahora, de tres entrevistas realizadas a los menores, solo nos han proporcionado una, en dónde se refleja claramente la falta de protocolos aplicados en el proceso, como lo marca la ley, indicó.
Ante estás irregularidades, dio a conocer que el pasado 1 de marzo se interpuso una queja ante la Comisión de los Derechos Humanos por el proceder de las autoridades judiciales de Veracruz quienes durante el proceso incurrieron en numerosas violaciones a los derechos humanos, a la seguridad jurídica, a la legalidad y a su debido proceso.
Recordó que esto se evidenció durante la primera etapa del procedimiento, en dónde la denunciante no presentó una sola prueba que lo inculpar, además de que el dictamen médico inicial demostró que la supuesta víctima no presentaba ningún daño físico o psicológico y lo más extraño, es que la denunciante, que fabricó el casco contra Javier, jamás solicitó el divorció, dejando entrever que lo haría hasta que cumpliera todos sus intereses, en la que incluía quedarse con un colegio, de la cual el acusado era director.
Aunado a lo anterior, señaló que la persona que lo acusa ha rechazado ante la autoridad que se le haga una valoración psicológica profesional y en todo caso, estaría utilizando a sus hijos para obtener ventajas materiales, aleccionándolos en contra de su padre para destruir el vínculo paterno, lo que se conoce como alineación parental.
Además de la manipulación que ha llevado a cabo la denunciante con las autoridades de justicia de Veracruz para que actuén a favor de sus intereses, el sistema judicial ha dejado a mis niños en total indefensión, sin protección alguna ante la presión a la que han sido sometidos por su mamá. Las autoridades de justicia ni se han conducido con equidad y sólo se han enfocado en satisfacer el interés de la acusadora, dijo por último.