La ministra presidenta de la SCJN advierte sobre uso de instituciones públicas para obtener aprobación social
La ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, advirtió sobre la importancia de distinguir legitimación con popularidad, y sostuvo que dentro de la Administración Pública Federal, el segundo punto no debe ser parte de la misión ni de los valores de los servidores públicos.
Al celebrar el 25 aniversario del Instituto Federal de la Defensoría Pública, sostuvo que el apego a las leyes y a la Constitución, deben ser los principios que marquen la actuación del servicio público y a partir de ello, se seguirá construyendo una sólida legitimación social.
«Pero en el camino, en la adaptación y en la evolución de nuestra institución a las exigencias ciudadanas, no debemos confundir legitimación con popularidad, eso nunca ha estado ni debe estar en nuestra misión axiológica ni en nuestros valores institucionales», señaló.
La ministra explicó que legitimación social es algo que requieren las instituciones públicas; sin embargo, también pidió no confundir esa necesidad «con el uso de las instituciones públicas como una medio para tener una aprobación social».
«La diferencia podría parecer sutil, pero no lo es. La búsqueda institucional de legitimación social tiene una brújula muy clara y definida. El mandato que la ley da a la propia institución», aseveró.
Norma Piña recordó que el Instituto Federal de la Defensoría Pública nació hace 25 años, fecha en que se dejó atrás el servicio de la defensoría de oficio que prestaba exclusivamente el servicio de defensa penal.
«Es precisamente esta ley, nuestra brújula la que hoy establece que el objetivo del instituto es la prestación gratuita del servicio de defensoría y asesoría en asuntos del fuero federal en materia penal, laboral, familiar, y otras. Este instituto habrá de garantizar el acceso a la justicia mediante la orientación, asesoría y representación jurídica en términos de la ley», consideró.
Finalmente, sostuvo que en México existe un marco constitucional y convencional renovado y actualizado, que implica un cambio en el deber de todas y todos los servidores públicos.
«Las instituciones permanecen vigentes frente a la sociedad solo si están en permanente evolución, en este sentido las instituciones son similares a un ser vivo», concluyó.