POR ANTONIO SANCHEZ
El 30 de mayo culmina la Semana Internacional del Detenido Desaparecido, la fecha cobra relevancia porque en América Latina y en específico en México, el cometido de crímenes de lesa y violaciones graves a los derechos humanos constituyen fenómenos recurrentes; la desaparición forzada de personas es una práctica de terrorismo de Estado, que cometen diferentes gobiernos para contener los reclamos legítimos de las masas trabajadoras que exigen justicia social y libertad.
En México la desaparición forzada de personas es un fenómeno inocultable, que por su magnitud adquiere un carácter inconmensurable y afecta, fundamentalmente, al pueblo trabajador, crimen de lesa humanidad que por lo regular termina en una ejecución extrajudicial.
Nuevos hallazgos de fosas clandestinas, ahora en Colima, se suman a las estadísticas de Jalisco, Michoacán, Guerrero, Veracruz, son el indicativo que la desaparición forzada en muchos de los casos termina en ejecución extrajudicial, dos crímenes de lesa humanidad que en México se cifran en cientos de miles.
Aunado a estos crímenes de lesa humanidad se ha vuelto cada vez más frecuente en la vida política del país, la desaparición forzada de familiares que buscan a sus seres queridos. En su búsqueda se encuentran con una realidad, el Estado mexicano les presenta la hipótesis de que sus seres queridos fueron privados de la vida, con lo cual niegan de tajo el derecho de la víctima a ser buscado con vida.
Ante el incumplimiento del Estado mexicano por buscar con vida a los detenidos desaparecidos y al argumento nada creíble de que las desapariciones forzadas las comete la delincuencia organizada, muchos familiares de víctimas de este crimen de lesa humanidad se convierten en buscadores de sus seres queridos con sus propios medios, lo cual constituye una crítica a la política de gobierno caracterizada por dilación, omisión, burocratismo, indolencia e impunidad.
En un marco de violencia por todo el país que afecta fundamentalmente a los más pobres y de la política de gobierno que diluye la responsabilidad del ejército, la marina y los diferentes cuerpos policíacos en el cometido de crímenes de lesa humanidad, se suma uno más, la desaparición forzada y la ejecución extrajudicial de familiares que buscan a sus seres queridos, un crimen atroz que tiene profundas motivaciones políticas porque en los hechos son defensores de derechos humanos desde el momento que buscan a sus seres queridos.
La impunidad emerge de las instituciones gubernamentales y funcionarios de gobierno, de aquí emana la actitud de indolencia y desprecio hacia los familiares de las víctimas que exigen presentación con vida de los detenidos desaparecidos, éstos no son herencia del pasado, constituyen víctimas de la violencia de Estado en el presente sexenio.
El caso de la desaparición forzada de los revolucionarios Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, a pesar de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en los hechos el gobierno mexicano actúa bajo la misma política que tiene diseñada para el resto de las víctimas de este atroz crimen, se traduce en un manto de impunidad a los perpetradores materiales e intelectuales, ninguno de éstos ha sido enjuiciado y castigado.
La SC.JN dio su veredicto, Edmundo y Gabriel son víctimas de desaparición forzada, cuya responsabilidad recae cn el Estado mexicano a través de sus agentes que componen el aparato represivo. Los dos revolucionarios fueron víctimas de este crimen en un marco generalizado de violencia institucional, generalizada en todo el país y en particular, en Oaxaca, donde el gobierno estatal cometió innumerables crímenes de lesa humanidad para reprimir al movimiento magisterial popular durante el año 2006-2007.
A pesar de que hay siete detenidos, dos prófugos, declaraciones de funcionarios y militares, la justicia no llega a los familiares de Edmundo y Gabriel, por el contrario, se les revictimiza junto con las organizaciones que han abrazado esta demanda, porque ninguno ha dicho realmente lo que sucedió con ellos, ni siquiera dónde están.
El burocratismo y la dilación siguen siendo sello distintivo de la política de gobierno que adquiere un carácter transexenal. Proceder gubernamental que se traduce en mayor impunidad, protección a los perpetradores y simulación de atención al caso, sólo para medio cumplir los tiempos jurídicos por las implicaciones que ello representa.
Han transcurrido 16 años de lucha por la exigencia de presentación con vida de Edmundo, Gabriel y de todos los detenidos desaparecidos en el país, en ese tiempo el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) ha sido objeto de la represión, de desaparición forzada, ejecución extrajudicial, asesinatos políticos y persecución política.
Son los casos de los compañeros, Fidencio Gómez Sántiz, detenido desaparecido el 5 de marzo de 2016; la ejecución extrajudicial de Humberto Morales Sántiz el 28 de febrero de 2017; el asesinato político de Héctor Sántiz López el 29 de septiembre de 2015; los asesinatos políticos de Ramiro Rodríguez Sántiz,
Efraín Pérez Espinosa, Mario Alberto, Víctor Alfonso Pérez López; el encarcelamiento político de Javier González Díaz, Armando Hernández Sánchez, Venturino Torres Escobar, Asunción Gómez Sánchez, Leobardo Reyes Meza e Higinio Bustos Navarro.
Todo lo anterior es el indicativo de que al FNLS se le hostiga, persigue, judicializa y se le reprime por denunciar la existencia de la desaparición forzada en México como una política de gobierno, y por abrazar la bandera de la presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos, en específico, la de Edmundo y Gabriel.
A Edmundo y a Gabriel se les debe de buscar y dar con su paradero bajo la presunción de que están vivos; la Comisión Especial de Búsqueda (CEB) debe realizar todo su trabajo bajo esta premisa. Su búsqueda debe estar orientada a lograr su presentación con vida y conocer la verdad en torno a todo lo que les ha acontecido.
No dejaremos de luchar hasta dar con su paradero, conocer la verdad, se enjuicie y castigo a los responsables materiales e intelectuales, asimismo hasta que existan condiciones reales para erradicar el cometido de estas prácticas deleznables cometidas por el Estado mexicano.