Ademán exigen al IMSS, ISSSTE y Sesver que la interrupción del embarazo sea atendida como un problema de salud pública.
Irineo Pérez Melo.- Organizaciones feministas de la entidad demandaron a las instituciones públicas de salud, como el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado y los Servicios de Salud de Veracruz, garanticen a las mujeres y adolescentes el derecho al aborto seguro y gratuito en la entidad veracruzana.
En el maro del segundo aniversario de la Despenalización del Aborto en el estado de Veracruz, representantes de estas organizaciones, demandaron también que la interrupción legal del embarazo sea atendida como un problema de salud pública por los diferentes niveles de gobierno, principalmente del sector salud.
Expusieron que las respuestas dadas por las dependencias federales del ramo no son congruentes con los avances del estado en la materia, al tiempo de señalar que a la fecha solo once estados han logrado la interrupción legal del embarazo, “por lo que la lucha continúa hasta que las instancias de os tres niveles de gobierno cumplan con lo que les corresponde hacer”.
Dieron a conocer que tan sólo en 2020, la tasa específica de fecundidad en las adolescentes de 15 a 19 años fue de 53.94 nacimientos por cada mil mujeres, 53 municipios en Veracruz concentran el 50% de estos embarazos.
“Es importante mencionar que la violencia sexual en el estado ocupa el 2º lugar con 44.4% de las violencias presentadas”, destacan en el comunicado leído por Martha Mendoza Parissi de la Red de Mujeres Feministas del Estado de Veracruz.
En tal caso, el mencionó que embarazo adolescente enfrenta una tasa de fecundidad específica más elevada (2.02 nacimientos por 1000 mujeres de entre 10 a 14 años) que la media nacional.
En ese tenor, destacaron la importancia de contar con estrategias específicas de prevención de violencia sexual, porque en la entidad, mujeres, niñas, adolescentes, con capacidad de gestar en edad reproductiva son derechohabientes del IMSS e ISSSTE, y enfrentan obstáculos para acceder a un aborto seguro.
Estas instituciones, escudándose en la supuesta falta de reforma al Código Penal Federal, pasando por alto la Acción de Inconstitucionalidad 148/2017 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Dicha reforma, constituye precedente obligatorio para todo el país y todas las autoridades, lo que genera que a dos años de la despenalización del aborto, las mujeres sigan registrando la criminalización social, por parte de las autoridades sanitarias quienes tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar el servicio de aborto seguro.
Por tal motivo, insistieron en exigir que se garantice a las mujeres, adolescentes y personas con capacidad de gestar el acceso al aborto seguro y gratuito en las instituciones públicas como IMSS, ISSSTE y en los servicios de salud de las entidades federativas.
Además, se garanticen las políticas públicas señaladas en la acción de inconstitucionalidad 148/2017 emitida por la SCJN, en la que se establece de forma clara que el Estado debe diseñar políticas públicas encaminadas a fortalecer la educación sexual de calidad y científica y la garantía de que el acceso al aborto en las instituciones de salud pública sea de forma accesible, gratuita, confidencial, segura, expedita, y no discriminatoria.
En la rueda de prensa, se dieron cita representantes de los colectivos Marea Verde Altas Montañas, Feminista de Xalapa, A. C., Marea Verde Totonacapan, Akelarre, A. C., Colmena Verde, Fundación Mexicana para la Planeación Familiar MEXFAM-Veracruz, REMUFEVER, REDefine Veracruz y Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio.