Un conflicto no resuelto desde hace casi 20 años entre la alcaldía Iztapalapa y un grupo indígena puede provocar la inhabilitación de la candidata de Morena en la capital para ejercer cargos públicos. La decisión está en manos de la Suprema Corte
EL PAIS
Un añejo conflicto administrativo entre la alcaldía Iztapalapa y un grupo de pueblos indígenas ha escalado a la Suprema Corte de Justicia y amenaza con estallarle en las manos a Clara Brugada, abanderada de Morena al Gobierno de Ciudad de México, y frustrar sus aspiraciones políticas. El pleito gira en torno a la posesión de un cementerio que los grupos indígenas reclaman desde 2005 para usarlo según sus costumbres ancestrales en un régimen comunitario. La alcaldía ha disputado su uso como panteón civil, accesible a toda la población, de tradición católica, y bajo control de la Administración local. El conflicto lleva años, y varias autoridades han abonado a complicar el caso. Brugada, que ha gobernado Iztapalapa desde 2018 y hoy está de licencia, ha sido involucrada en el proceso, no por haber causado el problema, sino por no haber acatado diversas instrucciones judiciales para resolverlo. Ha sido una herencia indeseada, de repercusiones enormes para su futuro político.
En 2017, los pueblos indígenas presentaron formalmente a la alcaldía —entonces gobernada por Dione Anguiano, del PRD— un listado de peticiones sobre el uso del cementerio. La Administración local atendió algunos reclamos, pero no todos, según los demandantes, que promovieron entonces un juicio de amparo. Un tribunal colegiado determinó en 2018 y 2021 —ya en el periodo de Brugada— que no se cumplió debidamente el amparo por parte de las autoridades locales, responsabilidad que recaía en el director Jurídico de Iztapalapa y la entonces alcaldesa, vinculada como superiora jerárquica. El asunto fue turnado a la Suprema Corte, que está en etapa de análisis del caso. Si el Alto Tribunal confirma la omisión de las autoridades demandadas, Brugada podría ser inhabilitada para ejercer cargos públicos hasta por 10 años, según lo establece la ley. Significa que sería inelegible como jefa de Gobierno de la capital.
Una fuente de la Corte ha señalado a este diario que se dará una nueva oportunidad a las autoridades de Iztapalapa para que den cumplimiento al amparo y el asunto quede salvado. En abril de 2019, el Supremo ya le había solicitado a la alcaldía subsanar las omisiones, pero estas han persistido. Los ministros son conscientes de lo grave que sería políticamente que el Poder Judicial tome la medida más drástica contra Brugada, ha precisado la fuente, vista la declarada enemistad del presidente, Andrés Manuel López Obrador, con los jueces federales, a los que ha acusado de conservadores, corruptos y de estar al servicio de los potentados.
Este periódico ha consultado al equipo de la abanderada morenista sobre cuál es su postura ante el conflicto y cuál será la estrategia que seguirá. El equipo jurídico de la candidata ha asegurado que Brugada no está señalada en el incumplimiento, pero la Ley de Amparo establece claramente su responsabilidad como superiora jerárquica del director Jurídico, aun cuando deje el cargo de alcaldesa. Los abogados también han asegurado que las peticiones de los grupos indígenas sobre el cementerio comunitario “no son atribución de la alcaldía”, un punto en el que han disentido los jueces, que, contrariamente, han amparado a los demandantes. “Sigue el litigio”, han afirmado los asesores jurídicos de Brugada.
La demanda: un cementerio ancestral
La reivindicación de los pueblos indígenas se remonta a 2005. Los demandantes, asentados en el barrio de San Francisco Culhuacán, Iztapalapa, se autoadscriben como cabezas de familias indígenas nahoa, tolteca, colhua, azteca y mexica. En aquel año, solicitaron a la alcaldía la titularidad de un predio localizado en Avenida Tláhuac 3448 para edificar un cementerio comunitario regido según prácticas ancestrales, es decir, no católicas. Según su tradición, el descanso del alma depende del bien morir, un tránsito que exige que los cuerpos sean “sembrados” directamente en la tierra. “Si existe un panteón francés o español, ¿por qué no tener uno prehispánico, uno mexica?”, contrastaba Ángel Flores Molina, un representante de las comunidades, según recogió Reporte Índigo. El entonces alcalde, Horacio Martínez, del PRD, rechazó la petición.
Entre 2008 y 2011, el Gobierno capitalino, encabezado por Marcelo Ebrard, otorgó al barrio de Culhuacán el reconocimiento como pueblo originario y emitió decretos expropiatorios favorables para que los indígenas pudiesen ocupar el terreno reclamado. Incluso, el mandatario hizo entrega simbólica del predio a los pobladores, que al paso del tiempo construyeron un Teocalli —templo piramidal dedicado a un dios en la cultura náhuatl— y se asentaron en el mismo sitio del cementerio. Conforme a los decretos, a la alcaldía Iztapalapa le correspondía emprender las acciones necesarias para concretar la edificación del panteón comunitario.
Sin embargo, en enero de 2016, lejos de cumplir, la alcaldesa Anguiano ignoró los decretos y emprendió un litigio, con apoyo de autoridades del Gobierno de Ciudad de México —ya encabezado por Miguel Ángel Mancera—, para que el nuevo cementerio quedase en manos de la alcaldía Iztapalapa, con carácter de panteón civil. Aquí comenzó el giro de la historia. La Dirección de Patrimonio Inmobiliario del Gobierno capitalino consintió los intereses de Anguiano. La alcaldía presentó en 2017 una denuncia contra los indígenas por despojo, y, en diciembre de ese año, el Gobierno de Mancera ordenó un operativo conjunto de la Policía y la Fiscalía para desalojar por la fuerza a las familias asentadas en el predio. Hubo decenas de heridos. El Teocalli fue destruido con una máquina excavadora.
Los grupos indígenas eran conscientes de que Anguiano pergeñaba un plan para arrebatarles el cementerio. Por eso, en julio de 2017, meses antes de la denuncia y el desalojo del que serían objeto, presentaron ante la misma alcaldía Iztapalapa un listado de demandas por escrito, haciendo uso de su derecho de petición, una garantía fundamental reconocida en la Constitución. Se trata de un peculiar derecho a la respuesta, y las autoridades a las que se dirige están obligadas a responder, siempre que los peticionarios actúen de manera pacífica y respetuosa.