En un estudio, Mejoredu alerta que no se han identificado los programas o acciones encaminados a erradicar el acoso y las agresiones que sufren los estudiantes
EL UNIVERSAL
La Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) no ha identificado que las autoridades educativas hayan implementado programas que permitan la erradicación de la violencia en los planteles, a pesar de que en los últimos dos años 60.5% de estudiantes de secundaria y 69.5% de sexto de primaria mencionan haber recibido agresiones físicas.
“La mayoría de las estrategias y acciones propuestas en este objetivo se centran en la dignificación de los espacios escolares a través de la mejora de la infraestructura, cobertura y servicios (…) A la fecha, no se han identificado los programas o acciones que permitirán la consecución de este objetivo”, destaca.
El estudio La violencia entre estudiantes de educación básica y media superior en México señala que con base en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, la Secretaría de Educación Pública (SEP) elaboró el Programa Sectorial de Educación (PSE) 2020-2024, consistente en una serie de objetivos y estrategias con una visión de largo plazo para disminuir las brechas de atención o rezagos que existen en el país.
De acuerdo con la SEP, el PSE tiene el objetivo de “garantizar el derecho a educación equitativa, inclusiva, intercultural, integral y de excelencia; además de revalorizar a los docentes como agentes fundamentales del proceso educativo, con pleno respeto a sus derechos”.
Uno de sus objetivos contempla acciones relacionadas con la violencia escolar. Éste consiste en “generar entornos favorables para el proceso de enseñanza-aprendizaje en los diferentes tipos, niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional” y alude a (…) una serie de características que un plantel educativo debe reunir para generar un ambiente propicio para la reproducción y apropiación del conocimiento”.
De acuerdo con la comisión, se traduce en aspectos tangibles e intangibles que van desde contar con planteles con infraestructura completa, debidamente equipados, seguros y limpios, así como aulas iluminadas y ventiladas, hasta aquellos más complejos relativos a garantizar la interacción humana en ambientes basados en el respeto, la colaboración, la sana convivencia y la disciplina.
Sin embargo, Mejoredu agrega en su reporte que la mayoría de las estrategias y acciones propuestas en ese objetivo se centran en la dignificación de los espacios escolares a través de la mejora de la infraestructura, cobertura y servicios.
Al respecto, Paulina Amozurrutia, directora general de la organización civil Educación Con Rumbo (ECR), dice a EL UNIVERSAL que la violencia escolar es un tema que ha desatendido el actual gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que se ven consecuencias relevantes.
“La crisis postpandemia generó un incremento en la violencia debido a que, al interior de las familias, ésta se exponenció y lo que vieron niñas, niños y adolescentes en sus hogares se está reflejando en las aulas”, dice. La activista sostiene que la SEP no cuenta con una estrategia para fomentar el respeto a los derechos humanos con respecto a grupos vulnerables, como son mujeres, etnias e integrantes de la comunidad LGTB, entre otros.
Resalta que la indiferencia de las autoridades educativas frente a la violencia dentro de los planteles sin duda derivará “en una afectación no sólo física y sicológica de niñas, niños y adolescentes, sino en los propios procesos de aprendizaje”.
En el informe, la comisión resalta que entre los factores de riesgo para que se registre la violencia destacan la falta de interés en la escuela, consumo de sustancias nocivas, ausencia de autocontrol, tendencia a la victimización y la participación en pandillas, entre otros.
Precisa que los hombres tienden a participar más en actos de violencia, 12.7% en primaria y 8.3% en secundaria, mientras que las mujeres, 4.9% en primaria y 3.3% durante la secundaria.
“Si los programas de atención no reconocen esta diversidad, incluida la violencia cibernética, su utilidad y efectos se verán limitados”, señala.
Daniel Hernández, profesor e investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey, comenta que a pesar de que la titular de la SEP, Leticia Ramírez Amaya, ha visitado escuelas, donde ha externado la importancia de que sean lugares seguros, no se han diseñado acciones concretas para erradicar la violencia al interior de los planteles.
“Lo que hay que hacer es diseñar medidas específicas para cada tipo de plantel. ¿Eso cómo se logra? Con directivos que tengan formación continua para poder actuar frente a cualquier tipo de violencia. ¿Existen cursos o formación continua para directivos para atender el tema de la violencia en las escuelas? No lo creo, no lo he visto”, asegura.
Dice que hay un rezago en las medidas protocolarias para actuar ante cualquier tipo de violencia. Y es que el último Manual de Seguridad Escolar se hizo cuando José Ángel Córdova fue titular de la SEP.
“Hay rezago en este tipo de documentos. Y es importante actualizarlo para que los directivos sepan qué hacer en caso de violencia”, dice.