Señalan que la solicitud de juicio político no puede ser utilizada como un mecanismo al servicio del Gobierno en turno para controlar o acechar al Poder Judicial
EL UNIVERSAL
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) señaló que la solicitud de juicio político no puede ser utilizada como un mecanismo al servicio del Gobierno en turno para controlar o acechar al Poder Judicial.
Porque constituye un atentado a la garantía de independencia judicialde las personas juzgadoras.
Esto luego que la Secretaría de Gobernación (Segob), informó que presentó ante la Cámara de Diputados una denuncia de juicio político en contra de Crescencio Contreras Martínez, juez de Distrito Especializado en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio en Tamaulipas.
Resaltó que la denuncia de juicio político presentada por la Segob se basó en presuntas actuaciones irregulares del juez que habrían favorecido a grupos criminales vinculados con delitos como el secuestro de migrantes en Tamaulipas.
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La Asociación indicó que la causa penal radicada en el órgano jurisdiccional contra una persona, donde se realizó un cateo que resultó en el hallazgo de armas de fuego y sustancias ilícitas se remarca que el juzgador, en la audiencia inicial, actuó conforme al principio de contradicción y no vinculó al imputado a proceso, considerando que no se cumplían los requisitos establecidos por la ley.
Subrayó que la decisión del juzgador se basó en todos los datos de prueba presentados sin considerar criterios políticos ni presiones externas y la información proporcionada por la Segob respecto a actos relacionados con delincuencia organizada, como el tráfico de fentanilo, cohecho y vínculos con el secuestro de 31 personas migrantes en Tamaulipas, es inexacta.
“Para esta Asociación Nacional la actuación del Juez de Distrito se realizó apegada a la ley. Si en este caso la resolución emitida resultó favorable al imputado, fue debido a la deficiente actuación de la Fiscalía General de la República (FGR) como el juzgador lo advirtió de forma precisa y reiterada en la fundamentación de su fallo.
“Contrario a lo expresado por la Secretaría de Gobernación, la actuación del juez fue, en todo momento, apegada a los principios constitucionales y éticos de objetividad, imparcialidad y profesionalismo que rigen las actuaciones de los juzgadores federales”, aseveró.