Marko Cortés denunció ante el Tribunal Electoral que las medidas son deficientes y no se han realizado mapas de riesgos
EL UNIVERSAL
El Partido Acción Nacional (PAN) presentó un recurso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) contra el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), que “ha sido omiso” en la emisión de medidas suficientes para garantizar un proceso electoral libre de violencia e intervención del crimen organizado.
El presidente del PAN, Marko Cortés Mendoza, denunció que el INE ha omitido dar cumplimiento a las sentencias para generar mapas de riesgo, convenios de coordinación con autoridades de seguridad pública y electorales y crear filtros de investigación” que servirán para blindar las elecciones de este año frente a la criminalidad.
Explicó que las acciones ordenadas por la Sala Superior del TEPJF han sido cumplidas de manera muy deficiente o ha habido un incumplimiento total. Tal es el caso -dijo- del diseño y metodología de planes de acción en procesos electorales en zonas conflictivas o de riesgo, donde no se ha definido una estrategia para garantizar la seguridad de todos los actores.
“Tampoco se han elaborado mapas de riesgo ni tampoco se han creado filtros para que en las candidaturas los partidos y autoridades cuenten con información veraz y precisa para evitar la infiltración de personas de grupos criminales”, puntualizó.
Marko Cortés detalló que desde la emisión del protocolo en diciembre de 2022 a la fecha, únicamente se han realizado dos mesas de trabajo, dos informes, uno en diciembre de 2023 y otro en enero de 2024, y el esquema de seguridad de candidaturas resulta deficiente pues propone un análisis de riesgos posterior a los hechos de violencia y amenazas, lo que implica una actuación reactiva y no preventiva.
Señaló que el protocolo solo prevé la protección de algunas candidaturas, sin tomar en cuenta que en el proceso electoral se renuevan más de 20 mil cargos, y son las candidaturas a nivel local las que tiene un mayor riesgo, incluidos los encuestadores, funcionarios y representantes de casilla, y nadie de ellos están contemplados.
El presidente del PAN reclamó que la protección propuesta en el esquema de seguridad no atiende a la realidad fáctica del país, ni a los aprendizajes históricos de procesos electorales anteriores, pues se trata de una medida que ha sido propuesta en otros procesos electorales y no ha funcionado.
“Hacemos un llamado urgente a que se tomen en consideración todas estas observaciones porque nos encontramos ante uno de los procesos electorales más grandes de la historia de México, el cual se encuentra en riesgo por la creciente violencia que vive el país”.
Recalcó que el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador se ha convertido en el más violento, con más de 180 mil asesinatos y es de suma relevancia que las autoridades electorales tomen acciones eficientes, claras, tangibles, protectoras ante la expansión del crimen organizado a todo el territorio nacional, expuso.
Ante ello, también solicitó al INE que cree un comité u órgano para tomar medidas de prevención de violencia e inseguridad en los procesos electorales, ya que se pronostica el proceso electoral más violento en la historia, debido a que en los últimos años se han incrementado los ataques en contra de políticos y funcionarios públicos.
Marko Cortés advirtió que si no se toman medidas necesarias, los riesgos latentes para el día de la jornada son atentar contra el sufragio efectivo, es decir que deje de ser libre, secreto, directo, personal, intransferible y universal, los candidatos pueden ser obligados a no postularse o declinar, se coaccione a los funcionarios de casilla para que no asienten la existencia de irregularidades, alteración y distorsión de resultados electorales, desestabilización del sistema democrático, a partir de falta de legitimidad de instituciones y autoridades electorales.
Alertó que también hay un enorme riesgo de financiamiento ilícito, por lo que es necesario que la autoridad electoral realice las previsiones e investigaciones necesarias para evitar el dinero del crimen sea inyectado en las campañas electorales.