Salvador García Soto señaló que el ministro en retiro de la Corte “fue pillado y frenado en su intento de asegurarse un retiro dorado con cargo a los impuestos de los mexicanos”
EL UNIVERSAL
En medio de la confesión del presidente Andrés Manuel López Obrador por pedir a Arturo Zaldívar, cuando era ministro presidente de la Corte, intervenir en procesos judiciales para influir en las decisiones de los jueces, se dio a conocer que el exintegrante del máximo tribunal de justicia intentaba asegurar un “retiro dorado”.
Salvador García Soto, columnista de EL UNIVERSAL, escribió en Serpientes y Escaleras de este 21 de febrero que Zaldívar “fue pillado y frenado en su intento de asegurarse un retiro dorado con cargo a los impuestos de los mexicanos”.
“El exministro y expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, confirmó ante sus antiguos compañeros que sus supuestas convicciones por la ‘austeridad’ y la no corrupción en el Poder Judicial fueron sólo banderas a modo que le permitieron acercarse al movimiento político del presidente López Obrador y a la campaña de Claudia Sheinbaum, a la que saltó cambiando la toga y el birrete por una aventura política en la que busca protagonismo y nuevo cargo”, escribió García Soto en el texto “Zaldívar y su frustrado haber de retiro”.
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Pedía una pensión de 251 mil pesos al mes, asistentes, suburbans, gasolina…
De acuerdo con el texto de García Soto, “Zaldívar intentó engañar y sorprender a los ministros que fueron sus pares, solicitando que le aprobaran un ‘haber de retiro’”: Pedía que le autorizaran una pensión mensual de 251 mil pesos durante dos años y después 200 mil pesos mensuales de manera vitalicia.
“Pero no era todo lo que pedía, también 11 asistentes pagados por la Corte, 5 personas de servicio y 6 escoltas para su seguridad, además de 2 camionetas Suburban blindadas, cuyo mantenimiento y gasolinas sería cubierto también por el presupuesto de la Corte”, escribió el periodista.
“De inmediato varios ministros hablaron con la presidenta Norma Piña para que se revisara la petición del exministro y se le negara lo que había pedido por considerarlo ‘ilegal’ y ‘excesivo’”, apuntó García Soto.
Según el periodista, Zaldívar defendió “su retiro dorado” argumentando que su solicitud se basaba en el Acuerdo interno de la Corte de 2013, que establecía las bases para el “haber de retiro” de un ministro, y aseguraba que él sólo pedía lo mismo que se le otorgó en diciembre del 2021 al ministro Franco González.
“Pero resulta que el mencionado acuerdo de 2013 sólo establece como base del retiro para ministras y ministros un sueldo o pensión vitalicia del 80% del último sueldo cobrado (no de más del 100% como pedía Zaldívar) y solo tres trabajadores asignados para apoyo y la camioneta que utilizaba como ministro que, de solicitarla, deberá pagarla con opción a compra”.
“Cuando las ministras y ministros objetaron sus excesivas peticiones, Arturo Zaldívar se sacó, literalmente de la manga, un ‘anexo’ al haber de retiro del ministro Fernando Franco González, en el que supuestamente se le habían entregado a éste todo lo que él pedía: es decir, sueldo del 100%, dos camionetas y 11 personas de apoyo. Pero la mayoría de los ministros dijo desconocer ese ‘anexo’ y aseguró que cuando votaron el retiro de Franco no se les habló de ningún adendo ni se les dijo que estaban autorizando condiciones de retiro que diferían del citado acuerdo interno de 2013.
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No solo eran dos camionetas
Según García Soto, no sólo eran las dos camionetas, las 11 personas de apoyo y un sueldo mayor al que cobran los propios ministros en activo: “También pidió llevarse a su casa, de acuerdo con un documento oficial de la Dirección de Recursos Materiales de la SCJN, en poder de esta columna, el sillón ergonómico que utilizaba en la Corte, con un valor de 35 mil pesos, un nicho para bandera con todo y la bandera nacional incluido, 2 laptops marca Sony de 41 mil pesos cada una, 3 iPads con valor total de 40 mil pesos, 3 equipos de cómputo de escritorio que sumados valen 180 mil pesos, otro equipo portátil de cómputo de 22 mil pesos, una impresora láser a color valuada en 20 mil pesos, dos tablets con valor de 26 mil pesos cada una, otra computadora portátil de 34 mil pesos, una tablet más de 16 mil pesos y un iPad Pro de 29 mil pesos”.
Todo eso le fue negado por decisión mayoritaria de los ministros.