El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, indicó que la situación de violencia en algunas entidades ‘sólo muestra la ineptitud y omisión del gobierno de Morena’.
EL FINANCIERO
Líderes parlamentarios en la Cámara de Diputados recriminaron que hay una “notoria omisión y un deliberado subregistro de homicidios”, para ocultar la “ineptitud del gobierno federal frente a las campañas electorales”.
Plantearon que las autoridades federales ocultan hasta 600 homicidios en algunas entidades y que evaden que en el país 35 por ciento de los ciudadanos se siente seguro con la presencia de la Guardia Nacional.
El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, reveló que la situación en entidades como Sinaloa, Campeche, Puebla, Morelos, Michoacán, Guerrero, Jalisco y Veracruz “sólo muestra la ineptitud y omisión del gobierno de Morena para enfrentar su responsabilidad de garantizar la seguridad y combatir al crimen”.
Con el fin de ocultar la realidad en medio de las campañas electorales, explicó que las autoridades federales “incurren en el subregistro y ponen los homicidios como muerte indeterminada. No cuentan los que sacan de las fosas porque no saben cuándo murieron y sólo contabilizan del último año a la fecha”.
“No es una competencia de quién tiene menos muertos, es una competencia contra el crimen, decirle al país que estos son los criminales y hay que combatirlos”, agregó.
Puso como ejemplo Hidalgo, en el que –dijo– “se evidencia que en 2023 no se reportaron 100 homicidios dolosos. Reto al gobernador de Hidalgo a debatir sobre estas cifras, porque así se podrían llegar a ocultar 600 homicidios en un sexenio”, recalcó.
O en el norte del país, agregó, donde “el éxodo que se registra en los municipios del norte de Nuevo León, que se están quedando vacíos, pegados a lo que se llama la Frontera Chica, que es la zona que está entre Nuevo Laredo y Reynosa, Tamaulipas, donde los grupos armados bajan y se apropian de estos pueblitos y la Guardia Nacional no hace nada”.
El coordinador del PAN y presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Jorge Romero, consideró que, ante la gravedad de la situación actual que enfrentan los aspirantes a cargos de elección popular, “no se puede ocultar ni omitir ya la realidad”.
“La violencia y los ataques a candidatos y aspirantes son inaceptables en un Estado democrático. En este proceso electoral ya se han registrado más de 100 casos de violencia electoral y más de 43 aspirantes asesinados; debe parar ya”, reclamó.