Implementan nuevas causas de suspensión o revocación por prácticas clandestinas.
EL IMPARCIAL
CIUDAD DE MÉXICO.- — El Gobierno federal ha intensificado en los últimos meses su combate contra el robo y venta ilegal de combustible, conocido como huachicol y huachigas.
Además de realizar decomisos, clausuras y detenciones, ahora podrá suspender permisos a gasolineras y estaciones de gas “ante la menor sospecha” de comercializar combustible ilegal, sin necesidad de notificar previamente o permitir una defensa por parte de las empresas.
Suspenderá inmediatamente sin avisar a negocios que practiquen huachicoleo
Esta medida se basa en el artículo 79 de la nueva Ley de Hidrocarburos, vigente desde el 18 de marzo, que otorga al Gobierno la facultad de imponer suspensiones inmediatas como medida cautelar.
La suspensión surte efectos de manera inmediata y hasta en tanto no se desvirtúen las causas que dan origen a la medida cautelar impuesta”, establece el artículo 79.
Nuevas facultades para clausura sin audiencia
A diferencia de la reforma de 2021 impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, donde se permitía la suspensión de permisos previa audiencia y defensa legal, la nueva legislación elimina este paso.
La Secretaría de Energía (Sener) y la recién creada Comisión Nacional de Energía (CNE) tienen la facultad de aplicar sanciones inmediatas, sin esperar a que el permisionario responda.
¿Por qué pueden suspender a una empresa?
Las nuevas causas de suspensión o revocación incluyen:
- Incumplimiento con el Servicio de Administración Tributaria (SAT)
- Problemas con controles volumétricos mensuales
- Irregularidades fiscales como factureo, créditos fiscales, no localización del domicilio o suspensión de sellos digitales
- Casos donde se prevea un riesgo a la seguridad nacional, la seguridad energética o la economía del país
Amparos ya no evitarán cierres inmediatos
La nueva ley también dificulta que las empresas puedan evitar las clausuras mediante amparos.
Aunque el caso llegue a tribunales, la suspensión ya estará aplicada, y las autoridades tendrán hasta 15 días para iniciar el procedimiento formal.
Con esta legislación, el Gobierno federal busca cerrar cualquier brecha legal que permita operar a empresas ligadas al huachicol, aumentando los mecanismos de control y castigo sobre el mercado energético.