Operadores y especialistas advierten que el padrón de líneas móviles impone costos millonarios, carece de biométricos y avanza a un ritmo insuficiente frente a la fecha límite oficial
EL IMPARCIAL
El registro obligatorio de líneas móviles impulsado por el Gobierno y la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) abrió un nuevo frente de tensión con la industria, que advierte costos millonarios, riesgos operativos y una baja efectividad para fines de seguridad pública. Operadores y asociaciones del sector sostienen que el modelo actual obliga a asumir gastos elevados sin ofrecer un mecanismo robusto de validación de identidad.
Según información publicada por El Financiero, directivos del sector y especialistas en telecomunicaciones consideran que el esquema fue diseñado con vacíos técnicos que comprometen su utilidad real. La principal crítica es que el padrón no incorpora datos biométricos, por lo que la verificación de los usuarios queda limitada a una selfie en registros remotos o a la presentación de una identificación oficial y la CURP en trámites presenciales.
¿Qué objeta la industria al registro obligatorio de líneas móviles?
La crítica más dura vino de Mony De Swaan Addati, presidente de la Asociación Mexicana de Operadores Móviles Virtuales (AMOMVAC), que agrupa a más de 20 prestadores del servicio. El directivo advirtió que, tal como fue planteado, el padrón no debería continuar.
“Yo tiraría el registro a la basura, así como está planteado no lo seguiría. El registro tal y como está tiene huecos por demasiados lados para que termine siendo un mecanismo eficiente y al mismo tiempo están dañando al ecosistema de telecomunicaciones móviles”, afirmó.
A esta postura se sumó Ernesto Piedras, director general de The CIU, quien alertó que el conflicto regulatorio ya está tensando la relación entre autoridades y empresas. En su análisis, el gobierno está trasladando a los operadores los costos, riesgos operativos y el desgaste reputacional sin ofrecer garantías de efectividad en materia de seguridad pública.
¿Cuánto costará a los operadores cumplir con el padrón?
La industria calcula que el nuevo esquema costará más de cuatro mil millones de pesos. El mayor gasto provendrá del proceso de validación de identidad de los usuarios, que obliga a desarrollar plataformas tecnológicas, sistemas de consulta, mecanismos de autenticación y almacenamiento seguro para más de 160 millones de líneas móviles en el país.
De ese monto, alrededor de 22 millones de pesos corresponderían solo a la plataforma central, de acuerdo con reportes de la CRT. El resto recaería directamente en empresas como Telcel, AT&T, Telefónica, Altán Redes y en los Operadores Móviles Virtuales (OMV), que además tendrían que contratar servicios mayoristas adicionales para cumplir con la regulación.
El sector advierte que este impacto económico no es menor, sobre todo para los OMV, que dependen de procesos ágiles de alta y de una base de clientes de prepago con alta rotación. En ese segmento, cualquier fricción adicional puede ralentizar la captación de usuarios o elevar los costos comerciales.
¿Por qué preocupa que no se usen datos biométricos?
La principal alarma técnica es que el modelo vigente no incorporó biométricos, a pesar de que ese elemento habría permitido una comprobación más sólida de identidad. Bajo el esquema actual, la única verificación en trámites remotos es una foto o selfie, mientras que en registros presenciales basta con presentar una identificación oficial y la CURP.
Para la industria, esto elimina el componente que podría blindar el sistema frente a suplantaciones o registros irregulares. De Swaan, también expresidente de la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), advirtió que cuando una medida de esta magnitud se toma como una decisión política y no como una política pública técnica, se abre “un boquete” a la seguridad.
En ese punto, el sector considera que el gobierno ignoró advertencias especializadas y avanzó con un modelo que puede ser costoso e ineficiente al mismo tiempo. La preocupación no es solo regulatoria. También alcanza la protección de datos y la confianza de los usuarios en el manejo de información sensible