Por Atticuss Licona
Ante la parálisis legislativa de facto, el sacar adelante los temas torales que aquejan al país se antoja no sólo complejo, sino incluso quimérico. La reglamentación de la Ley de Propaganda Gubernamental (que tanta falta hace para evitar el increíble dispendio de recursos públicos y garantizar la satisfacción de las necesidades informativas de la sociedad) está en serio riesgo de no ser emitida antes del 30 de abril o en su defecto que los partidos políticos promuevan un bodrio más como los que acostumbran los legisladores cuando un tema les quema las manos y sólo cumplen con el requisito.
Dicha reglamentación es el tema caliente que ronda como zombie por los pasillos del Congreso de la Unión y que los legisladores quisieran que no escalara en la vitrina sujeta del escrutinio público. Si por la mayoría fuera, la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de aprobarla a más tardar el 30 de abril, bien podría archivarse junto con las centenas de temas que se irán al archivo muerto o que quedarán como abyecta herencia a las siguientes legislaturas.
Afortunadamente la SCJN tuvo el tino de determinar posibles sanciones hasta de cárcel a quienes en desacato sean responsables de su no promulgación, incluyendo (¡Agárrese!) hasta los propios legisladores si es necesario.
La mañana de este miércoles tuve la fortuna de entrevistar a la valiente senadora independiente Martha Tagle Martínez, quien habló del tema para el auditorio de UniNoticias a través del 88.9 de FM, La Invasora. Fue ella precisamente quien presentó en días pasados una iniciativa de ley con el objetivo de garantizar que los contenidos difundidos satisfagan las necesidades informativas de la sociedad, la libertad de expresión de los medios de comunicación, al tiempo de poner un freno al uso desmedido de los recursos públicos.
Desafortunadamente me confirmó lo que siempre pasa en los casos que en verdad interesan a la sociedad pero que lastiman a las cúpulas gubernamentales, que lo que hace falta para regular la publicidad gubernamental es “voluntad política”. Eso es lo que se necesita por parte de los partidos para hacer una buena ley reglamentaria y esa materia, ese producto, esa esencia, es lo que al parecer más escasea en el Congreso de la Unión.
Pero hoy los legisladores tienen la soga al cuello. Se las puso la SCJN, y con voluntad política o sin ella, la tendrán que aprobar, aunque salgan con una bazofia de ley que en lugar de arreglar enrede más las pitas contra los medios.
La publicidad gubernamental parte del derecho prístino de la necesidad de mantener informada a la sociedad. Ni debe ser una concesión graciosa a la sociedad ni debe ser un arma de coacción para los medios.
En Veracruz se dilapidaron miles de millones de pesos (literal) en medios de comunicación. Esto ha sido aprovechado por el actual gobierno para romper con la prensa y enfocar sus esfuerzos en medios internacionales de comunicación como Facebook, Twitter y Periscope. Pero como bien apunta Tagle, se debe difundir en todo (impresos, revistas, radio, televisión, internet y hasta medios comunitarios) porque no todo puede hacerse a través de redes sociales.
Esa reglamentación de la ley de publicidad gubernamental dará certeza a la sociedad, eliminará privilegios y dispendios, democratizará la comunicación y, sobre todo, les quitará la veta dorada al gobierno con la cual han sido dueños o semidueños de la prensa nacional.
Todos deberán ajustarse, desde la Federación hasta los municipios. Todos… solo falta voluntad.
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