Álvaro Belin Andrade
Cuando no son delincuentes, miembros del crimen organizado ultimados por integrantes de bandas rivales, son taqueros o motociclistas repartidores; la idea es que para Miguel Ángel Yunes Linares los cinco periodistas que han perdido la vida violentamente en su corto periodo como gobernador no eran periodistas.
No sé si esto disminuye la gravedad del hecho delictivo, aunque a los gobiernos veracruzanos parece que les conviene pensar que en sus mandatos no se ha matado a ningún comunicador.
En este tema, el gobernador Yunes y el Fiscal Jorge Winckler se parecen, como si de copias fotostáticas se tratara, a Javier Duarte y al exfiscal Luis Ángel Bravo Contreras. Antes, Yunes criticaba acremente a Duarte porque en su administración creció el número de comunicadores asesinados y llegó a manifestar su repudio a los esfuerzos de su predecesor por desacreditar la actividad periodística de las víctimas. Hoy actúa con el mismo cinismo que aquel.
Hoy se ha repetido la estrategia con el quinto periodista que cae bajo el fuego de homicidas que la Fiscalía de Veracruz jamás aprehende para que purguen una condena ejemplarizante.
En efecto, el asesinato del periodista Leobardo Vázquez Atzin la noche del miércoles 21 de marzo en el municipio de Gutiérrez Zamora, cuando arribaba a su domicilio, ha corrido con la misma suerte. Antes siquiera de informar si contaba con líneas de investigación para esclarecer quiénes fueron sus victimarios, Jorge Winckler se aseguró de quitarle al caído el adjetivo de periodista, y asignarle el de taquero, una actividad económica familiar con que debía financiar su vocación informativa.
Ya la Red Veracruzana de Periodistas ha exhortado a la Fiscalía General del Estado (FGE) a que considere el trabajo periodístico de Leobardo Vázquez Atzin, luego de que en a través de un comunicado, la Fiscalía minimizó su labor como reportero porque al momento de los hechos se encontraba a unos metros del local de tacos que administraba como actividad secundaria en su propio domicilio.
Vea usted cómo ha tratado la FGE de despojarle a Leobardo su actividad reporteril: “De acuerdo a los primeros indicios recabados, en el momento de los hechos donde perdiera la vida, el hoy occiso se encontraba desarrollando actividades propias de su negocio de elaboración y venta de tacos, el cual se ubica en su domicilio, cuando fue lesionado por personas desconocidas, con proyectiles de armas de fuego, según confirmó la cónyuge”.
Los periodistas señalaron que, al momento de su asesinato, Leobardo Vázquez desarrollaba su actividad como reportero a través del portal de internet Enlace Informativo Regional, lo que provocó amenazas por abordar temas como la invasión de predios en el municipio de Tecolutla dentro de sus notas periodísticas.
Leobardo, quinto periodista asesinado y ninguneado
Ya en ocasiones anteriores, la política de quitar identidad a periodistas que han sido ultimados fue más injusta. Con una celeridad digna de mejores causas, la Fiscalía General del Estado atribuyó a presuntas ligas y colaboración con una banda del crimen organizado el homicidio en Acayucan del periodista Gumaro Pérez Aguilando, quien fue muerto a balazos enfrente de su pequeño hijo, en un festival escolar. Si por cuestiones procesales siempre se expresa que tal o cual delincuente, incluso aprehendido en flagrancia, es presunto culpable de cometer un delito, es verdaderamente indignante que, al tratarse de un periodista caído, de inmediato la autoridad asegure que fue un delincuente.
Si a menos de 24 horas del asesinato, la Fiscalía puede darse el lujo de asegurar la culpabilidad de una víctima, o no está actuando con apego a la ley y solo lo hace en respuesta a necesidades políticas del gobierno, o desde entonces colaboraba con el secretario de Seguridad Pública, Jaime Téllez Marié, la operadora de los Zetas, Guadalupe Hernández Hervis, “La Jefa”, quien pudo haberle pasado los supuestos vínculos del periodista.
Mientras los colegas caídos son tratados como delincuentes o como simples taqueros, los homicidas siguen circulando libremente por la entidad sin que nadie los moleste.
Por desgracia para el gremio, en menos de dos años del actual gobierno, van cinco periodistas asesinados. A Leobardo Vázquez Atzin, asesinado este miércoles, deben sumarse los homicidios de Gumaro Pérez Aguilando en diciembre pasado; Ricardo Monlui, columnista y reportero de El Político y El Sol de Córdoba, asesinado frente a su familia el domingo 19 de marzo del año pasado; Edwin Rivera, camarógrafo hondureño ultimado en Acayucan el domingo 9 de julio de 2017 cuando había decidido vivir en México por las amenazas de muerte recibidas en su país, y Cándido Ríos, del Diario de Acayucan, asesinado el martes 22 de agosto pasado.
Bloquea Yunes a Peña Nieto
Este jueves, el presidente Enrique Peña Nieto estuvo de nueva cuenta en el estado de Veracruz. De sus actividades, los veracruzanos debieron informarse por los medios de comunicación, pero no por los canales usuales del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, a través de las redes sociales, en las que el gobierno estatal compra, con dinero de todos, los espacios y una molesta y persistente promoción.
Tampoco pudo saber qué dijo el Presidente de la República a través de la supuesta Radio y Televisión de los Veracruzanos (RTV), hace 15 meses secuestrada por el ‘gobierno del cambio’ para ser convertida en una monótona difusora exclusiva para el gobernador, su hijo alcalde de Veracruz y algunos ediles panistas, además de los funcionarios de su gabinete según él considera que es importante.
¿Por qué el gobernador panista es capaz de bloquearle los medios de comunicación de que dispone al mismísimo Presidente de la República? ¿Acaso no quiere que, como en Perote, los veracruzanos sepamos y veamos la animadversión con que le obsequia Peña Nieto? Si eso le hace al, querámoslo o no, presidente de los mexicanos, ¿qué podemos esperar los habitantes de este estado cuando necesitemos difundir ampliamente nuestras inquietudes?
Siguen los problemas para definir candidato priista en Martínez
Después de emitirse el 15 de marzo en el Acuerdo del CEN del PRI los nombres de los candidatos suplentes a diputados federales en los 20 distritos electorales en Veracruz y de los candidatos en los 5 distritos desiertos debido a la falta de participación en los registros, incluido Martínez de la Torre, nuevamente se da una impugnación en este nivel de candidatura en este distrito 07 por parte de Darío Fernando Suárez Mendoza, único aspirante formalmente registrado.
Cabe recordar que desde el pasado 28 de febrero, Darío Suárez fue el único registro que se dio en tiempo y forma ante el Órgano Auxiliar de la Comisión Nacional de Procesos Internos en Veracruz, la cual le marcó improcedencia argumentando falta de documentación y entrega extemporánea de requisitos. Ante este hecho, Suárez Mendoza, recurrió a la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), quienes reencausaron el tema a la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del CEN del PRI para su resolución.
En ese lapso, y como resultado de ese proceso, Justicia Partidaria del PRI emitió un pre-dictamen improcedente al registro de Darío Suárez, quien recurrió nuevamente al TEPJF en Xalapa para que los magistrados resolvieran el caso, quienes sentenciaron a favor del demandante, debido a que los argumentos del PRI violentaban su derecho a ser votado, exigiendo un requisito que no le era aplicable.
Sin embargo, dos días después, el 2 de marzo, la Comisión Nacional de Procesos Internos emitió un pre-dictamen improcedente sobre el registro de Darío Suárez, ahora por la entrega extemporánea de documentos, por exceder 15 minutos un horario de entrega que no se enmarca en la convocatoria nacional. Ante esa resolución, Darío Suárez recurrió a Justicia Partidaria mediante un recurso de inconformidad, al cual hasta el día de hoy no se le ha dado solución.
Es por ello, que este martes 20 de marzo, antes del registro ante el INE como candidato de José Francisco Yunes Zorrilla, se presenta nuevamente un recurso de impugnación sobre la candidatura a la Diputación Federal en el distrito de Martínez de la Torre por parte de Darío Suárez, quien a falta de una respuesta a tiempo por parte del CEN del PRI, acude a esta sala regional para solicitar via per saltum se le tenga por presentada en tiempo y forma la documentación y se emita un dictamen a su favor.
A ver cómo lo resuelve el PRI veracruzano.
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