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La medida, que también afecta a otros tres venezolanos, llega a dos días de las elecciones presidenciales en Venezuela
Dos días antes de los cuestionados comicios presidenciales en Venezuela, Estados Unidos arreció sus sanciones económicas e incluyó en la lista de la OFAC (Oficina de Control de Activos en el Extranjero) al número dos del chavismo, Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, por estar involucrado en una extensa y poderosa red de lavado de dinero, corrupción y narcotráfico, en asociación con Nicolás Maduro y el vicepresidente Tareck El Aissami y otros funcionarios.
El organismo estadounidense también incluyó a su hermano José David Cabello, superintendente de la agencia aduanera y tributaria de Venezuela (Seniat), a su esposa Marlenys Contreras, actual ministra de Turismo; y a Rafael Sarría Díaz, compañero de Cabello en la Academia Militar, a quien identifican como su testaferro desde 2010 en los negocios ilícitos de uno de los hombres más poderosos del país sudamericano.
«El pueblo venezolano sufre bajo políticos corruptos que refuerzan su control del poder mientras forran sus propios bolsillos. Estamos imponiendo costos a figuras como Diosdado Cabello, que explotan sus posiciones oficiales para involucrarse en tráfico de narcóticos, lavado de dinero, malversación de fondos estatales y otras actividades corruptas», dijo el secretario del Tesoro Steven T. Mnuchin en una nota de prensa.
La OFAC señala que Cabello abusó de su influencia y sus altas posiciones para tejer una extensa red de corrupción y actividades ilícitas. En sociedad con Francisco Rangel Gómez, actual gobernador del estado minero Bolívar, al sur de Venezuela y quien ingresó en la lista de sancionados en enero de este año, lavó dinero “de la malversación de fondos estatales venezolanos y de su trato con narcotraficantes” a través de negocios inmobiliarios. Cabello y Rangel Gómez también participaron en negocios de extracción ilegal de hierro y su comercialización a través de las empresas mineras, usadas para encubrir los ilícitos. “Cabello y sus asociados tenían líderes dentro de la empresa que facilitaban la extracción ilegal y la exportación de hierro. A diciembre de 2016, las autoridades venezolanas habían utilizado las empresas estatales, Venalum y Alunasa, para lavar dinero. Venalum utilizó embarcaciones para mover minerales y lavar dinero a través de Panamá en la sucursal costarricense de Alunasa. Cabello ordenó al Ejército venezolano colocar a varios empleados de Alunasa en Costa Rica para supervisar la operación. Además, Cabello blanqueó dinero a través de Venalum en Rusia”.
El Tesoro estadounidense también lo relaciona con narcotráfico en asociación con Tareck El Aissami, actual vicepresidente de Venezuela e incluido en la lista de cabecillas del narcotráfico en febrero de 2017. Además, detallan sus nexos con Pedro Luis Martín Olivares señalado este mes por el mismo organismo por su papel clave en la movilización de toneladas de cocaína en avión hacia Europa.
“A finales de 2016 Cabello y Martín trabajaron juntos para trasladar dinero ilícito a Panamá, la República Dominicana y las Bahamas”. Agregan que a principios de 2017, el hombre duro del chavismo también incautó drogas a pequeños traficantes y las exportó a través de aeropuertos estatales. En este negocio, aseguran, repartió ganancias con Nicolás Maduro. Cabello usó la burocracia del Estado para identificar a sus posibles competidores y sacarlos del negocio, señala la comunicación de la OFAC.
José David Cabello es señalado por ser parte de una red de extorsión desde su posición de control de las aduanas del país. Además, habría diseñado en 2017 un plan para lavar dinero de actividades ilícitas a través de Pdvsa.
Rafael Sarría Díaz, el posible testaferro de Cabello, es señalado de haber ayudado a varios funcionarios a lavar dinero a través de compra de inmuebles. Tres compañías a su nombre (SAI Advisors Inc., Noor Plantation Investments LLC y 11420 Corp.), ubicadas en Florida, y a través de las cuales manejaba 12 propiedades, fueron bloqueadas.
Casi todo el entorno del mandatario está sancionado. Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tarek William Saab, el fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Maikel Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Gustavo González, director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, y Néstor Reverol, ministro de Interior, Justicia y Paz, entre otros. Más de 76 colaboradores y antiguos aliados de Maduro enfrentan prohibiciones de ingreso a Estados Unidos y países de la Unión Europea y el bloqueo de sus bienes desde 2015.
Las medidas han sido contra los altos jerarcas chavistas y sus familiares. También contra empresas o activos del Estado venezolano. Maduro ha premiado a muchos funcionarios sancionados con ascenso en el Gobierno. De este modo fue designado el mayor general Reverol como ministro de Interior, Justicia y Paz casi inmediatamente después de que el Gobierno de Estados Unidos lo acusara de estar involucrado en el tráfico de drogas en agosto de 2016.