Presuntamente habían invadido algunas viviendas en ese lugar y no cuentan con un respaldo jurídico que los ampare como propietarios.
Irineo Pérez Melo
La mañana de este jueves, se pretendió desalojar a unas 40 familias, que presuntamente habían invadido algunas viviendas en el fraccionamiento Villas de Xalapa, propiedad de la empresa Cadi, informó el representante de la misma Arturo Salazar, quien dijo que no contaban con respaldo jurídico que los amparara como propietarios de las casas.
Al lugar llegaron elementos policiacos y algunos camiones de mudanzas para ejecutar el desalojo, lo que originó la molestia de los vecinos, quienes exigieron se respetaran sus derechos por haberlas habitado durante muchos años, bloqueando los accesos al fraccionamiento, evitando la salida de los camiones y el personal que realizaba la diligencia.
El abogado de la empresa mencionada, señaló que hace un año se intentó desalojar a las familias, para lo cual se utilizó la fuerza pública, sin embargo, en esa ocasión y a pesar de que ya se habían llevado a cabo algunos lanzamientos se paró esa acción ante la intervención del gobierno.
El abogado de la empresa indicó que ese juicio se ha llevado apegado a derecho y es que hay personas que invadieron las viviendas y otras que dejaron de pagar, por lo que después de un largo proceso se consiguió una nueva orden de desalojo en contra de las familias que llevan más de diez años habitando el lugar.
Militantes de Antorcha Campesina intervinieron respaldaron a las familias para evitar ser desalojadas, viviéndose un momento de tensión entre los vecinos de esta unidad y de las aledañas, ante el temor de un enfrentamiento con los elementos del orden
Se indicó que algunas familias habitan en dicho fraccionamiento desde que se construyó, pero que al dejar de pagar a la constructora, ahora enfrentan este procedimiento judicial que ordena desalojarlos.
Se informó que el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares intervino para suspender el desalojo del citado fraccionamiento y se ofreció a buscar un esquema con los propietarios y evitar afectas a las personas que ahí viven. Al final solo seis de las 40 familias fueron remitidas a la instancia ministerial correspondiente para deslindar responsabilidades.
Cabe señalar que en este fraccionamiento habitan un promedio de 140 familias, que se mantuvieron a las expectativas por el operativo policiaco realizado