Raymundo Jiménez
Una semana después de la visita del director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores, David Penchyna, a los municipios porteños de Veracruz y Coatzacoalcos –en donde firmó un convenio con el gobernador panista Miguel Ángel Yunes Linares y volvió a hacer el mismo anuncio de hace un año, de un programa de créditos para 20 mil viviendas en el que se invertirán alrededor de 8 mil millones de pesos–, este martes, coincidentemente, tomó posesión como nueva delegada estatal del Infonavit, Diana Félix Andrade.
A diferencia de otros delegados federales, se intuye que esta designación fue acordada previamente por Penchyna con el mandatario veracruzano, pues al día siguiente de su regreso a la Ciudad de México el titular del Infonavit propuso su nombramiento al H. Consejo de Administración. Félix Andrade sustituyó a José Manuel Treviño, quien llegó a Veracruz a finales de la administración priista del ex gobernador Javier Duarte.
Diana Félix es una abogada egresada de la Universidad Veracruzana y tiene 22 años de antigüedad en el Infonavit, institución a la que ingresó cuando Yunes Linares aún se desempeñaba como secretario de Gobierno en el régimen del gobernador Patricio Chirinos, cargo que ejerció de diciembre de 1992 hasta a mediados de 1997.
Su nombramiento ha causado extrañeza ya que proviene de la Delegación del Infonavit en el estado de Oaxaca, donde tuvo un desempeño polémico.
Gildardo Mota, reportero del portal informativo Cioinformación.com, la vincula por ejemplo con un presunto negocio millonario con el programa de Cancelación de Hipotecas, en el que fueron implicados también los notarios públicos Marcial Pérez Hernández, Guadalupe Díaz Carranza y Patricia Villanueva Abraham, quienes se desempeñan como presidente del Colegio de Notarios del Estado de Oaxaca, vicepresidenta de la zona sur de la Asociación Nacional del Notariado Mexicano, y vicepresidenta del Colegio de Notarios de Oaxaca, respectivamente.
Según la denuncia que el 23 de agosto de 2017 habría presentado ante la Secretaría de la Función Pública el pasante de la licenciatura en Derecho, Armando Rojas, a través del programa de Cancelación de Hipotecas se destinaron para Oaxaca 5 mil acciones consistentes en igual número de escrituras de cancelación, las cuales debieron ser distribuidas entre los 80 notarios públicos de esa entidad.
El denunciante expuso que por cada cancelación de hipoteca el Infonavit habría pagado 3 mil 500 pesos, lo que hacía un total de 17 millones 500 mil pesos. Presuntamente la delegada Diana Félix Andrade habría recibido el 10 por ciento del citado monto en calidad de “comisión”, es decir, un millón 750 mil pesos.
Esta “comisión”, según Armando Rojas, habría sido a cambio de que la delegada del Infonavit les asignó exclusivamente a tres notarios la cancelación de las 5 mil hipotecas.
Los fedatarios beneficiados fueron Marcial Pérez Hernández, Guadalupe Díaz Carranza (hija del delegado del IMSS en Oaxaca, Juan Díaz Pimentel) y Patricia Villanueva Abraham, ex titular de la Secretaría de Protección Ciudadana y ex procuradora general de Justicia.
REAPARECE PATRICIA ORTEGA
Ha sido muy bien digerida la decisión del alcalde xalapeño Hipólito Rodríguez Herrero de incorporar como directora de Finanzas en la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS) a doña Patricia Ortega Pardo, una experimentada servidora pública que ha laborado en los tres niveles de gobierno.
En la vida, ciertamente, nunca es tarde para reconocer errores, pero en una administración municipal de cuatro años el tiempo sí obliga a reconocer y corregir con inmediatez los yerros.
El presidente municipal de MORENA lo hizo de manera más que oportuna. Y así como se le criticó hace un par de meses, al inicio de su administración, por los funcionarios traídos de la Ciudad de México y de otras entidades –dizque porque en Xalapa no había esos perfiles profesionales–, ahora se le tiene que reconocer también este doble acierto.
Ojalá y en el gobierno del estado, cuya administración actual es de sólo dos años, emularan este ejemplar gesto.
Con más humildad y menos soberbia; sin tanta adicción al poder y mayor tolerancia, seguramente Veracruz estaría mucho mejor que hace un año.
ANILÚ: A CERRAR BRECHAS
Sin embargo, una de las mejores noticias para los veracruzanos es la inversión social que la Delegación de la SEDESOL federal en Veracruz ejercerá este año, la cual ascenderá a 19 mil 240 millones de pesos, aproximadamente.
Como bien lo ha dicho ya la delegada Anilú Ingram Vallines, se trata de un presupuesto histórico, pues con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), a Veracruz le corresponden recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) por 959 millones 767 mil 523 pesos.
Y del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), a nuestro estado le fueron asignados alrededor de 6 mil 958 millones de pesos, lo que confirma el compromiso de la Federación con Veracruz.
Además, basada en la Estrategia Nacional de Inclusión (ENI), impulsada durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto, la Delegación de la SEDESOL en Veracruz obtuvo el segundo lugar nacional en el combate al rezago educativo al lograr 126 mil 120 certificaciones en los niveles de primaria y secundaria, con lo que se corrobora que desde que tomó posesión de la Delegación hasta el día de hoy, Anilú Ingram ha entregado buenas cuentas de cada peso que el gobierno federal le ha invertido a Veracruz en el rubro social.
Los números hablan por sí mismos del trabajo impecable que la joven política porteña ha venido realizando.