Raymundo Jiménez
Lo que en su momento el presidente Carlos Salinas de Gortari habría pretendido hacer con el PRI–quien según la versión del recién fallecido priista veracruzano Gustavo Carvajal Moreno, ex dirigente nacional del tricolor, intentó desaparecer al Revolucionario Institucional para crear el Partido Solidaridad, vinculándolo a su exitoso programa gubernamental Pronasol, a través del cual, en solo tres años, el priismo logró superar la debacle electoral de 1988 y arrasó en los 300 distritos electorales federales en los comicios para diputados de 1991–, ahora estaría a punto de conseguirlo el presidente Enrique Peña Nieto, ya que su repudiada administración, marcada por su fracasado combate a los grupos criminales y por la impunidad tolerada en irritantes casos de corrupción, está resultando un pesado lastre para sus candidatos a la Presidencia de la República y a las gubernaturas de nueve estados del país, entre ellos Veracruz.
Los priistas de cepa ven con gran preocupación el tsunami electoral que en julio próximo podría colocar al borde de la extinción al partido casi nonagenario, ya que en caso de que perdieran el gobierno federal y la mayoría de los gobiernos estatales, por mera sobrevivencia sus cuadros militantes seguramente migrarían hacia otras fuerzas partidistas en el poder.
Sin ambas fuentes tradicionales de financiamiento político –que no solamente los gobiernos del PRI suelen realizar sino también los gobernantes de otros partidos–, sería muy difícil para el tricolor evitar la desbandada de su nomenclatura. Y es que, además, su subsistencia dependerá de las prerrogativas legales que sus comités directivos reciban a partir de 2019, cuyo monto lo decidirá el número de votos que obtenga en las elecciones de diputados locales y federales de este año, mismas que tampoco se avizoran muy favorables en este momento.
Ello parece explicar por qué el Comité Ejecutivo Nacional acaba de alinear a puro cuarto bat como delegados en las cinco circunscripciones electorales del país, destacando en la tercera –a la que pertenece Veracruz– el nombramiento de la ex gobernadora de Tlaxcala, ex dirigente del PRI, de la CNC y ex embajadora de México en Brasil, Beatriz Paredes Rangel, quien ya comenzó a operar con la designación de José Antonio Rojo García de Alba como representante del CEN priista en el estado, para reforzar la campaña del candidato a la gubernatura Pepe Yunes Zorrilla, muy ligado también a la política tlaxcalteca.
El hidalguense, compañero de Paredes en la CNC, fue secretario regional del PRI en Durango, San Luis Potosí y Zacatecas, recuperando para el tricolor los dos últimos estados. Además, como dirigente priista en Hidalgo ganó todas las diputaciones federales y locales, y la mayoría de las alcaldías, incluida la de Pachuca, la capital.
Rojo García de Alba ha sido dos veces diputado federal, y como legislador local presidió la Junta de Coordinación Política del Congreso hidalguense. También fue secretario de Gobierno y de Desarrollo Regional. Actualmente es secretario Técnico del Consejo Político Nacional de la CNC.
Por cierto, trascendió que habrá algunas grandes sorpresas en el equipo de campaña de Pepe Yunes, quien de acuerdo con algunas encuestas publicadas ha ido creciendo en las preferencias electorales, acortando la ventaja que inicialmente le sacaban los otros dos aspirantes a la gubernatura. Y lo más intenso de la sucesión gubernamental apenas está por venir a partir de abril.