El INE acusó a la asociación civil “Que siga la democracia” de intentar instalar casillas para la revocación de mandato con el pretexto de ayudar a la organización del ejercicio
EL UNIVERSAL
La asociación civil “Que siga la democracia”, identificada con Morena, pretendía instalar “casillas ciudadanas” paralelas a las del Instituto Nacional Electoral (INE) para la consulta de revocación de mandato del próximo domingo, con lo que, de facto, buscaba suplantar a la autoridad electoral.
En un oficio dirigido al presidente del órgano autónomo, Lorenzo Córdova, el pasado 20 de marzo, la dirigente de dicha agrupación, Gabriela Jiménez Godoy, explicó ante la falta de recursos del INE y la imposibilidad de que instale el 100% de las casillas, “nos ofrecemos para ayudar a poner espacios receptores que no les cuesten y permita a la ciudadanía acudir a votar. De esta manera habrá casillas en todos los municipios del país”.
En respuesta, los consejeros electorales advirtieron que esa actividad es una facultad exclusiva del INE, además de que poner en manos de particulares la instalación y control de las casillas no solo sería ilegal, sino que afectaría la confianza de la ciudadanía en los procesos electorales.
El INE acusó a “Que siga la democracia” de pretender ser juez y parte, pues aunque se presenta como una organización ciudadana, juntó firmas para solicitar la consulta de revocación de mandato y promovió el sí en favor del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Agrupación distorsionó proceso al promover la revocación de mandato: Murayama
En este sentido, el consejero electoral Ciro Murayama recordó que dicha agrupación al promover la consulta, distorsionó el proceso, porque lo llamó “ratificación”, lo que obligó al INE a emitir medidas cautelares confirmadas por el Tribunal Electoral.
Dijo que se trata de “una asociación que entregó millones de firmas para que se llevara a cabo el ejercicio y, de acuerdo con los informes oficiales del INE, casi 18 mil firmas de esas pertenecían a personas fallecidas, más de 700 personas que no pudieron haber firmado porque estaban presas, ya habiendo sido sentenciadas, y de acuerdo al ejercicio muestral que hizo el INE, el 25% de las firmas que esa asociación entregó corresponden a personas que negaron haberlo dado”.
En sesión extraordinaria, el Consejo General del INE rechazó por unanimidad la solicitud de esta agrupación ciudadana, en acatamiento a un falló del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.