Reprueban defensores de derechos humanos que el presidente culpe al “neoliberalismo” del caso del bebé hallado en un bote de basura del penal de Puebla
PROCESO
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Defensores de derechos humanos cuestionaron la respuesta que dio el presidente Andrés Manuel López Obrador, al atribuir al “neoliberalismo” el caso del hallazgo del cuerpo de un bebé en un contenedor de basura, en un penal de Puebla, el pasado10 de enero, que había sido exhumado ilegalmente en un panteón de Iztapalapa.
En conferencia de prensa, convocada para dar a conocer un pronunciamiento firmado por 80 organizaciones sociales y decenas de activistas, para condenar las declaraciones del gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, contra medios de comunicación y organizaciones sociales que revelaron la identidad del bebé y la trama que involucra esa entidad con la Ciudad de México, los defensores lamentaron las declaraciones del presidente López Obrador sobre el caso del bebé Tadeo, en su conferencia matutina de este lunes.
Paola Zavala Saab, integrante de Organización Comunitaria por la Paz (Ocupa), reprobó que López Obrador le dedicara “sólo un minuto, para un tema que merece más que un minuto del presidente, y que lo dedicó para decir es un tema moral que hay solucionar y que es culpa de gobiernos neoliberales, cuando hay responsabilidades del gobierno de ahorita, que entendemos que es un tema estructural de hace muchos años, pero desde que llegó el nuevo gobierno no ha sucedido nada para cambiar esa situación”.
Reprobó que en su discurso no hubiera llamado a cuentas al gobernador de Puebla ni a la alcaldesa de Iztapalapa, Claudia Brugada, ambos militantes de Morena, y llamó a “asumir sus responsabilidades, que deje de pensar en términos de perder votos, y admita que fallaron en dar seguridad a un niño de tres meses que murió y que fue exhumado ilegalmente”.
Zavala Saab recordó que entre las responsabilidades de la actual administración está la iniciativa de reforma aprobada por la mayoría de Morena en el Congreso de aumentar el catálogo de delitos que ameritan prisión oficiosa “que han llenado las cárceles a más del doble de lo que deberían tener los penales por seguridad; es también su responsabilidad que el 70% de las personas privadas de la libertad estén por robo y la mayoría sin sentencia, compartiendo celdas con personas sentenciadas y peligrosas, situación que lo que hace es replicar la violencia”.
Juan Martín Pérez García, de Tejiendo Redes Infancia, lamentó de parte del presidente “la evasión de un tema tan grave y que no reconozca que la infancia está en grave riesgo”, realidad expuesta en el caso Tadeo que “desnuda la fragilidad del Estado para la justicia, en el que ha habido poca voluntad de las dos entidades involucradas en la investigación”.
Al señalar que las relatorías de Infancia y de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya están informadas del este caso, el defensor consideró que por la gravedad del tema y por involucrar a la Ciudad de México y a Puebla, la Fiscalía General de la República (FGR) estaría obligada a investigar el caso, y reprobó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) haya desistido de ejercer su facultad de atracción e integrar una queja.
Al recordar que el 95% de los delitos cometidos contra niñas, niños y adolescentes prevalecen en la impunidad, Tania Ramírez, de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), consideró el caso de Tadeo es un agravio para la niñez mexicana al convertirse en “una de las más profundas expresiones de crueldad” contra esa población.
Alertó que por su dimensión, el caso de Tadeo tiene necesariamente implicaciones de autoridades tanto en Iztapalapa como en Puebla, por lo que después de 14 días del hallazgo del cuerpo del bebé en el penal de San Miguel, “estaríamos esperando que el tipo de remociones de funcionarios públicos por colusión o incompetencia fueran removidos como acción del Estado y no sólo por la exigencia de las organizaciones sociales, por lo que esperamos que no se cargue la responsabilidad del caso a sólo un custodio”.
Saskia Niño de Rivera, cofundadora de la organización Reinserta, que trabaja con personas en situación de privación de libertad y egresadas de centros penitenciarios, señaló que la familia del niño Tadeo ha estado en contacto con ella y le confirmó que ya tenían el cuerpo del bebé con ellos para sepultarlo una vez más.
Niño de Rivera, enlistó una serie de preguntas que aún tienen que responder las autoridades, sobre cómo fue exhumado el cuerpo de un panteón, de Iztapalapa, cómo fue ingresado al penal de Puebla, y para qué fue usado el cuerpo, en cuya respuesta están implicadas necesariamente autoridades de ambas entidades.
Apuntó que los penales más peligrosos del país están en Puebla, Sonora, Hidalgo, Nayarit y Tamaulipas, y que, si bien “la descomposición en el sistema penitenciario no es de ayer, sino de muchos años, a 900 días del gobierno de Barbosa ha habido muertes por motines y fugas en los penales de la entidad, y en San Miguel, el penal donde se encontró el cuerpo de Tadeo, lleva siete meses sin director”.
Saskia Niño de Rivera, quien fue la primera en dar pistas sobre el caso, alertó sobre “el enorme riesgo para personas defensoras y periodistas” ejercer sus oficios en Puebla, luego de que el gobernador Miguel Barbosa lanzara amenazas veladas por las revelaciones del caso.
“Todos los que dijeron cosas, van a silenciarse, porque así han actuado siempre, tenga cuidado también cuidado con el desempeño de la profesión, la noble profesión del periodismo que no sirva también para destruir escenarios”, declaró Barbosa el viernes 21, en conferencia de prensa, al ser cuestionado por el caso.
Al respecto, Leopoldo Maldonado, director para México y Centroamérica de Artículo 19, sostuvo que las declaraciones del mandatario responden a la “construcción de todo un andamiaje autoritario”, heredado de las administraciones de Mario Marín y Rafael Moreno Valle, de mantener un escenario de “persecución a la prensa crítica y los opositores políticos”.
Como organización defensora de la libertad de expresión, Artículo 19 documentó 23 agresiones contra la prensa en 2021, atribuidas en su mayoría a funcionarios públicos “envalentonados porque el gobernador estigmatiza y bloquea a la prensa crítica”, detalló.
Entre las acciones en contra del periodismo, Maldonado destacó el hostigamiento judicial en contra de la página “E-Consulta”, contra la que servidores públicos han promovido ocho demandas por daño moral.
“Este discurso virulento sí tiene consecuencias, sí escala al uso de poder público para atacar a la prensa, de ahí la alerta de las declaraciones del gobernador en contra de las compañeras de la sociedad que han realizado su trabajo de documentar lo ocurrido con el bebé Tadeo, lo mismo que ha hecho la prensa que ha dado seguimiento, encaminado a ejercer el derecho a la información identificado con el derecho a la verdad para la familia de Tadeo y de la sociedad, tenemos derecho a saber qué pasó”, puntualizó Leopoldo Maldonado.
En la conferencia de prensa se dio a conocer una carta firmada por 80 organizaciones y decenas de activistas, en la que pidieron la intervención de legisladores del Congreso de la Unión, para llamar a cuentas a Barbosa, que ante “la ambigüedad de sus declaraciones”, explique a activistas y periodistas “¿de qué o de quién tenemos que cuidarnos?”, así como que sean garantes “para que se esclarezcan los hechos y se tomen todas las medidas pertinentes para que no se vuelva a repetir un hecho atroz”.