Emilio Cárdenas Escobosa
El financiamiento a las campañas políticas y los montos que los partidos y candidatos erogan para la difusión y promoción de sus candidatos son temas controvertidos y polémicos. Pese a lo avanzado en materia de fiscalización de gastos electorales siempre se actualiza la discusión sobre el costo real de organizar las elecciones y los gastos de proselitismo de los actores políticos en una sociedad como la nuestra marcada por graves rezagos sociales y severas limitaciones para el financiamiento del desarrollo.
El tema se convierte incluso en bandera de los aspirantes a cargos de elección popular; se ofrece transparencia en los gastos y en las fuentes de ingreso de partidos y candidatos, se convoca a respetar los topes de gastos de campaña que establecen los órganos electorales, a que se fiscalicen los recursos que se utilizan y se verifique el origen de los mismos.
Con todo, lo erogado en las precampañas y campañas formales es y seguirá siendo uno de los secretos mejor guardados. El supuesto compromiso con la transparencia todavía no da para tanto y las limitaciones operativas de los órganos electorales para fiscalizar y la reticencia para sancionar los excesos o el financiamiento turbio no dejan lugar al optimismo. Seguimos viendo la danza de los millones en los procesos electorales sin tener oportunidad de asomarnos realmente a las cuentas de los partidos y de los abanderados.
Lo realmente relevante y de fondo es que quedan interrogantes fundamentales en cuanto a las campañas, los ingresos y gastos de los precandidatos y candidatos: ¿quién financia realmente las campañas electorales? y ¿cuánto cuestan?
De que hay fuertes patrocinadores detrás de las campañas nadie lo duda. Las prerrogativas que reciben los partidos para su actividad no dan para soportar los gastos como los que vemos hoy en cada proceso electoral. Con todo y los límites al financiamiento privado y las prohibiciones que establece el marco legal es sabido que hay fuertes grupos empresariales que bajo el agua aportan importantes sumas, como es un hecho cierto que el uso de recursos públicos, sean federales, estatales o municipales, para apoyar a los candidatos es la constante. Véase si no las acusaciones que elección tras elección se hacen al respecto sin que el Instituto Nacional Electoral o los tribunales en la materia terminen reconociéndolo y menos sancionándolo.
Lo que queda claro es que los partidos en el poder invierten lo que sea y cooptan al que se deja con tal de mantenerse en el gobierno y seguir con el manejo de los recursos públicos con la visión patrimonialista que les caracteriza, en tanto que los empresarios que invierten en campañas no son filántropos o devotos del altruismo sino que destinan fondos para esperar la correspondiente retribución desde los gobiernos.
La derrama económica con motivo de las campañas es impresionante. La profusión de gastos, la abrumadora publicidad disfrazada en medios y abierta en redes sociales, la saturación del paisaje urbano con propaganda, las camisetas, gorras y demás artículos promocionales, las despensas que se entregan, los seguros médicos que se obsequian, las tarjetas de tiendas de autoservicio, las movilizaciones y toda el gasto, permitido o no, que vemos en la parafernalia electoral se traduce al final en una sola cosa: la conversión del voto en un artículo de lujo por su elevado costo unitario.
Es urgente entonces que los órganos electorales hagan uso sin restricciones de sus facultades fiscalizadoras sobre los gastos de los partidos políticos y de los candidatos, pero sobre todo que se realicen reformas a las leyes electorales para normar muchos temas que hoy, dada la ambigüedad de la legislación, son motivo de acuerdos administrativos sobre el particular, y que se amplíe el catálogo de causales de nulidad cuando se confirme el rebase de topes de campaña, independientemente de la diferencia entre el primero y segundo lugar como se establece actualmente, así como la utilización de recursos públicos vía la entrega masiva de despensas, bonos o apoyos a sectores varios bajo el disfraz de programas sociales, aun cuando dejen de hacerlo oficialmente en la veda electoral y dejan la tarea a los abanderados de su partido.
En los últimos años en la mayoría de las naciones se han venido adecuando sus sistemas electorales con el fin combatir la corrupción, cerrar el paso al financiamiento proveniente de actividades ilícitas e incrementar la transparencia. Con todo, las reformas jurídicas y las tibias sanciones por rebasar los gastos de campaña o por recibir financiamiento de fuentes poco claras, no han logrado cambiar en mucho la situación en México.
Así como los partidos políticos tienen pocos incentivos para respetar la regulación existente, puesto que las probabilidades de sanción son nulas o realmente reducidas, los candidatos sienten mayor vínculo con sus patrocinadores –sea el gobierno que los impulsa, grupos empresariales o, peor aún, organizaciones criminales- que con el elector. Así, el concepto de servidor público deviene en servidor de intereses privados. Estamos frente a un problema que tiene su origen en la propia ética y actitud de muchos políticos, para quienes la ambición por el poder no conoce límites ni engorrosos pruritos morales.
Dados los antecedentes en Veracruz, por ejemplo, la impresión generalizada de que se contraen compromisos inconfesables con los patrocinadores de sus campañas no está tan errada.
Es por ello obligación de los partidos y candidatos eliminar cualquier sombra de sospecha sobre las fuentes y montos de financiamiento, como es deber de los legisladores y de las fuerzas políticas impulsar las reformas que garanticen una competencia más equitativa y, sobre todo, menos cara.
Resulta ofensivo para los sectores más pobres del país asistir a un escandaloso derroche en cada elección y sobre todo que la competencia electoral la conciban partidos y candidatos como una simple compra de votos y conciencias que no es otra cosa que el aprovechamiento inmoral de la miseria que ellos mismos perpetúan, para ganar adeptos.
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