Cientos de trabajadores son afectados por la pasividad mostrada por el Tribunal de conciliación y Arbitraje, y del Ministerio Público. Irineo Pérez Melo.- Por el delito de incumplimiento de un deber legal, al negarse a cubrir laudos laborales a favor de trabajadores despedidos injustificadamente, abogados laborales interpusieron una denuncia penal en contra de los titulares de las secretarías de Gobierno, Educación y de Salud, así como de diversos ayuntamientos veracruzanos. En conferencia de prensa, los abogados Juan José Llanes Gil del Ángel, Gerardo Aguilar cortes y Laura Mónica Sáenz, dieron a conocer que esta situación se viene padeciendo desde los últimos diez años se generaron estos pasivos laborales, producto de condenas impuestas por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje a las entidades públicas mencionadas. Sin embargo, dijo Juan José Llanes Gil del Ángel, durante los últimos cinco años se ha enfrentado, por una parte, a una burocracia (empezando por los titulares de esas dependencias) que abiertamente ha decidido que no obedecerán los mandatos judiciales y por otra parte, con una autoridad laboral que se presenta tibia y sumisa, y que claramente no muestra una disposición enérgica para cumplir sus propias decisiones. El jurista mencionó que ante el desacato del ordenamiento judicial, tomaron la decisión de pedirle al Tribunal burocrático que diera vita al Ministerio Público de las conductas que, actualizan delitos, lo que debió hacerlo oficiosamente. Ante la pasividad mostrada se determinó imponer denuncias ante la Fiscalía Especializada en combate a la Corrupción en contra de los titulares de las entidades públicas mencionadas y otras más, que suman más de una docena de denuncias las que se han presentado, añadió. Acusó que el Ministerio Público, al igual que el Poder Judicial del estado de Veracruz actúa bajo la presión y la consigna de quienes están gobernando el estado y se ha preocupado más por encontrar argumentos para exculpar a Erix Patrocinio Cisneros Burgos y a Zenyazen Roberto Escobar García y a oros funcionarios más, que pueden, con total impunidad, decidir si acatan o no una orden judicial. Lo grave de todo esto, dijo es que, para el presente año, se presupuestaron más de 2,120 millones de pesos para el pago de indemnizaciones laborales (cifra más grande aplicada para este rubro), del que se ignora por qué no ha sido aplicado o si se está utilizando para sufragar la autopromoción con tintes electorales. Reconoció que la denuncia que se presenta es a personas que se enseñorean y se presentan como dueños del Ministerio Público y del Poder Judicial del Estado, por lo que anunció que acudirán al Poder Judicial Federal, porque todavía existe, para que sea quien defina si en Veracruz el desacato a órdenes judiciales debe quedar en la impunidad para favorecer a personas como las ya mencionadas, pues sus acciones están perjudicando a cientos de trabajadores que se han visto favorecidos con estos laudos laborales, pero que no se han cumplido en su totalidad al pagarles lo que por derecho les corresponde. De igual manera denunció que muchos de los pagos los tiene que autorizar Eleazar Guerrero Pérez, subsecretario de Finanzas y Administración de la Sefiplan, desconociéndose los motivos por los que actúa de esa manera, en perjuicio de los trabajadores, poniéndose por encima de un mandato judicial, por eso la decisión de presentar denuncias y visibilizarlo, pero sobre todo porque la Fiscalía respectiva decide no investigar y ahora a quienes se denuncian quieren ser gobernador del estado.