A un mes de la sentencia por 20 años de prisión, recurso de apelación no se termina de integrar.
Irineo Pérez Melo.- A dos años nueve meses de prisión injusta de Higinio Bustos Navarro y de un mes de haber sido sentenciado a 20 años de prisión, el recurso de apelación no se termina de integrar, lo que comprueba que él es un rehén político del gobierno de la 4T.
En un comunicado difundido en sus redes sociales, el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) se indica que el proceso jurídico contra “nuestro compañero no persigue hacer justicia, lo que existe es interés político para golpear al FNLS, por caminar fuera de los marcos corporativos del Estado y hacer crítica política al régimen.
“Dictarle 20 años de prisión con marranadas jurídicas y la tardanza para la integración del recurso de apelación refuerza nuestra denuncia, hay consigna política contra el FNLS”, se señala.
Además, se evidencia que las instituciones del poder judicial interpretan las leyes de acuerdo a los intereses de la clase en el poder e intereses políticos que se persiguen, como ejemplo, dos casos: Higinio fue sentenciado a 20 años de prisión porque supuestamente asesinó a un militar, para tal sentencia el Estado dispuso de todos los jueces, carceleros, tribunales y magistrados quienes violaron su propio marco jurídico sin reparo.
En el caso de Gregorio de la Cruz de la Cruz, quien fue torturado y ejecutado extrajudicialmente, el Estado utilizó todo el aparato represivo para cometer el crimen, así como, la Fiscalía del Estado de Veracruz para criminalizar, acusar e iniciar carpetas de investigación contra miembros de nuestro FNLS.
En el primer caso; el poder judicial no escatima tinta para señalar a nuestro compañero Higinio como responsable de un hecho que no cometió, echa mano de recursos ilegales, inventa escenas, testigos y establece vínculos para condenar a un inocente, es decir, violó cada punto y coma del marco jurídico establecido.
Mientras en el segundo caso que, al tratarse de un crimen contra un militante de nuestro FNLS no tiene cabida la exigencia ni derechos de los familiares, como tampoco, del conjunto del movimiento popular. Para los gobiernos en turno no vale la vida de un hijo del pueblo, refiere en el documento.
Tanto el encarcelamiento injusto de nuestro compañero Higinio, como la tortura y ejecución extrajudicial de Gregorio dilucidan el interés político que persigue el gobierno estatal y el federal, no se puede explicar de otra manera tantas aberraciones jurídicas contra un luchador por el socialismo y tanta saña con que se cometió el crimen de lesa humanidad contra Gregorio, se refiere.
Ante ello, demandaron al Poder Judicial del estado de Veracruz, atienda nuestra solicitud de intervención para que se revise la sentencia emitida con el objetivo de liberar a nuestro compañero Higinio y que se sancione a la juez Ana María Jiménez de la Barrera con su destitución por la serie de corruptelas que pesan sobre ella.