Álvaro Belin Andrade
Sin contar con el escándalo, acaso gratuito, de que el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, habría invertido más de 6 millones de pesos en la adquisición de un reloj de pulsera de la marca Richard Mille (del que se despoja bajo la mesa durante una conferencia de prensa del Grupo de Coordinación Veracruz, para colocarlo en la bolsa de su chaleco), Veracruz llama poderosamente la atención nacional porque siguen las prácticas autoritarias y de violencia criminal.
En efecto, por un lado se realizan desde el poder todas las maniobras para imponer a un miembro de la familia Yunes Márquez como candidato de la coalición gobernante para suceder al actual Gobernador, y por otro lado, este evade su máxima responsabilidad en las cifras de la creciente ola delictiva, minimizando las que ya han colocado a la entidad entre los primeros cinco por la gravedad y cantidad de los delitos de alto impacto.
Aunque el periódico El Universal no fue el único medio de comunicación que se hizo eco del video en que guarda la onerosa joya, el gobernador Yunes se fue contra sus directivos y anunció que presentará una denuncia en su contra por haber publicado la nota y el video. Y aclaró que no es la marca (tendrá que presentar el relojito a los medios para creerle) y que costó 30 veces menos de lo que se dice, lo que le será fácil demostrar con la factura correspondiente. Dijo que lo compró con su dinero para darse un regalo por sus 65 años, cumplidos el 5 de diciembre.
En los medios nadie aseveró que habría empleado recursos públicos para su compra, pero en redes sociales se hizo viral el tema porque el costo supera con mucho las posibilidades económicas de un personaje que, hasta antes de ser gobernador, solo había ocupado puestos medios en la administración pública estatal y federal, lo que no le ha impedido contar con una fortuna considerable.
La columna Templo Mayor, firmada por F. Bartolomé en el periódico Reforma, también se ocupa del gobernador panista de Veracruz que, junto con el de Puebla, Antonio Gali, “se enfrentan al cierre de sus minigubernaturas de dos años sin mucho que presumir”. Señala que el gobernador veracruzano “se dedicó al primer año de su administración a perseguir a su antecesor, Javier Duarte, u ahora todo indica que su prioridad será lograr que su vástago Miguel Ángel Yunes Márquez se siente en la silla que él desocupará el 1º de diciembre”.
Esta ola de señalamientos críticos hacia la gestión de Yunes Linares en la prensa nacional se está volviendo una bola de nieve. A finales de 2017, el semanario Proceso también señala en un reportaje de su corresponsal en Veracruz que al gobernador lo único que le interesa es heredarle el cargo a quien el domingo concluyó su segunda gestión como alcalde de Boca del Río.
En los próximos días seguramente combatirá esta percepción de la misma manera como este lunes trató de desacreditar la información del periódico El Universal, que es la misma que ha usado como tarabilla para combatir a los medios locales: que los señalamientos críticos surgen al calor del desamparo financiero con que su gobierno ha condenado a prácticamente todos los medios de comunicación. Ya sabe, ese estribillo repetitivo de que los medios golpean porque no tienen convenios de publicidad.
En efecto, en el primer día del año, en respuesta a una pregunta solicitada a un reportero, dijo lo siguiente: “Y quiero comentar algo, que es importante que los veracruzanos sepan. El Universal recibió, del gobierno de Javier Duarte, 125 millones de pesos; [con ellos] hubiéramos podido construir 250 aulas. Pero no, Duarte se lo dio a El Universal para que hablaran bien de él. No le voy a dar a El Universal ni un centavo; ellos pueden seguir publicando todas las barbaridades que quieran”. Porque para el impoluto Miguel Ángel Yunes Linares, las críticas y señalamientos de los medios de comunicación son meras barbaridades que él no se merece. Borrón y cuenta nueva.
La violencia criminal está creciendo
En el penúltimo año de su gestión, ese que va de diciembre de 2016 a noviembre de 2017, Yunes Linares no logró contener una ola de violencia homicida que ya amenaza con enterrar más profundamente un índice de crecimiento que se ubica en menos 1.5 por ciento, una tendencia que se ha mantenido en los últimos años y que ha hecho desaparecer miles de empleos.
En sus primeros 12 meses al frente del gobierno, Veracruz ha sufrido la muerte de 2 mil 414 personas, 1 mil 652 de ellos víctimas de homicidio doloso, una de las cifras más altas de los últimos años y acaso de su historia, sin que ninguna de las estrategias trazadas por el gobierno estatal, junto con las fuerzas federales, logre aminorar esta circunstancia; 909 de esos homicidios dolosos fueron perpetrados con arma de fuego, lo que habla de la creciente capacidad de fuego de las bandas delictivas.
Cerca de 9 mil de los 20 mil 888 robos fueron cometidos con el ingrediente de la violencia, la mayoría de ellos (3 mil 155) contra negocios.
Hasta noviembre de 2017, las estadísticas relacionadas con homicidio, homicidio doloso, extorsión y secuestro colocaban a la entidad en los primeros lugares nacionales. El periódico Reforma, en su primera plana de este lunes 1 de enero, consideraba a Veracruz como uno de los nueve estados que mostraban un “incremento crítico” de homicidios, junto con las dos Baja California, Colima Guanajuato, Jalisco, Nayarit, Quintana Roo y San Luis Potosí, en un año considerado el más violento de la administración de Enrique Peña Nieto, al registrarse casi 10 mil ejecuciones.
En número de homicidios en general, en 2017 –sin contar diciembre– Veracruz ocupa la quinta plaza con 2 mil 128, solo superado por Guanajuato (3 mil 052), Estado de México (2 mil 768), Guerrero (2 mil 620) y Baja California (2 mil 237). En este rubro, Veracruz ha superado a estados con una marca especial en materia de violencia como Michoacán (que registra 2 mil 044 homicidios), Jalisco (1 mil 922), Sinaloa (1 mil 765), Chihuahua (1 mil 739) y Ciudad de México 1 mil 691.
Sin embargo, en número de homicidios dolosos, Veracruz subió al cuarto lugar, con 1 mil 520 casos, solo superado por Guerrero (2 mil 114), Baja California (1 mil 915) y el Estado de México (1 mil 860), y por arriba de Chihuahua (1 mil 425), Sinaloa (1 mil 243), Jalisco (1 mil 218), Michoacán (1 mil 136), Guanajuato (1 mil 004) y Ciudad de México (987).
Por si no fuera suficiente, la estadística de secuestro se ha ido por los cielos. De enero a noviembre de 2017, Veracruz reportó 161 secuestros (privación ilegal de la libertad), lo que significa que cada mes en promedio se cometieron 15 plagios, una cifra que puede calcularse en cerca de 160 si consideramos que solo se denuncia el 10 por ciento de los casos. Veracruz solo es superado por el Estado de México, donde se reportan 163 secuestros, dos más que en nuestra entidad a pesar de que la población del Estado de México es el doble de la nuestra. Tamaulipas y Tabasco han sido definitivamente desplazadas por estas entidades.
Con este panorama, que no incluye el mes de diciembre recién terminado, comenzamos 2018 con un calendario electoral que desplazará del centro de las prioridades un tema que por cierto no ha sido atendido como se merece. Ya abordaremos en los siguientes días las posibles causas de este problema.
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