Jaime Bonilla se queda sin senaduría; TEPJF resuelve quién se quedará en el cargo

El juicio fue interpuesto por la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional, por lo que Gerardo Novelo Osuna suplirá su escaño

HERALDO DE MEXICO

La Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió retirar la senaduría al morenista Jaime Bonilla, ya que participó en una elección y fue gobernador de Baja California, por lo que ordenó al Senado que ese escaño lo ocupe el suplente, Gerardo Novelo Osuna.

Según la sentencia de los magistrados, se deja sin efecto y vincularon a la cámara de senadores a que convoque al suplente de Bonilla para que se reincorpore al cargo que venía desempeñando.

«Esto debido a que existe un impedimento legal para que el ciudadano regrese al cargo, luego de haberse desempeñado como gobernador durante la vigencia de una licencia por tiempo indefinido aprobada por el Senado, ya que al tomar protesta como mandatario estatal optó por dicho cargo de elección popular y agotó su derecho a elegir entre ambos, quedando vacante la senaduría», indica la resolución.

De ahí que no sea posible la reincorporación de Jaime Bonilla a la senaduría.

El juicio fue interpuesto por la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional (PAN) en Baja California, y los magistrados le dieron la razón al blanquiazul.

Los cuatro magistrados avalaron la resolución por unanimidad, y ordenaron al Senado que Gerardo Novelo Osuna, suplente de Jaime Bonilla, tome el cargo para que no quede vacante.

En ese sentido, quedó sin efecto jurídicos el acto de reincorporación de Jaime Bonilla.

Cabe resaltar que Bonilla pidió licencia a su cargo de gobernador el 6 de diciembre de 2018 para competir por la candidatura al gobierno de Baja California por el Partido político Morena, elección que ganó.

En el cargo de mandatario estatal estuvo por el periodo del 1 de noviembre de 2019 al 31 de octubre de 2021, a pesar de que legisladores locales morenistas aprobaron una ley para extender su cargo de dos a cinco años.

Esa modificación, conocidas como la Ley Bonilla, fue echada abajo y calificada como inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).