En audiencia celebrada el martes pasado, el juez de Control del Reclusorio Norte, Marco Antonio Fuerte Tapia, sustituyó a Lavalle Maury la medida cautelar de prisión preventiva justificada por la portación de un brazalete con geolocalización, mismo que le fue colocado este noche por las autoridades penitenciarias.
En la denuncia que presentó ante la FGR, Emilio Lozoya acusó que los exsenadores panistas, Ernesto Cordero Arroyo, Francisco Domínguez, Jorge Luis Lavalle Maury, el exdiputado federal, Ricardo Anaya Cortés y el senador priísta, David Penchyna Grub, recibieron sobornos.
Según la FGR, estos actores políticos “delinquieron”, ya que recibieron un beneficio, “con el fin de realizar actos contra la integridad territorial de la nación mexicana, al abrir la posibilidad de que personas extranjeras pudieran beneficiarse por la explotación y aprovechamiento de recursos naturales de la nación, entre otras, de la persona jurídica Constructora Norberto Odebrecht”.
Fuentes judiciales comentaron que la Fiscalía General de la República certificó el estado de salud del ex legislador y aceptó que enfrente su proceso fuera de prisión.
Asimismo, Fuerte Tapia le solicitó a Lavalle Maury la entrega de su pasaporte, además de que tendrá prohibido salir del país.
También tendrá que presentarse a firmar cada 15 días en el Centro de Justicia federal del Reclusorio Norte.
De acuerdo con las fuentes consultadas, el político queretano tiene complicaciones de salud que lo pueden poner en riesgo, por lo que es necesario que reciba atención médica especializada, debido a antecedentes en su familia con los mismos padecimientos.
En abril pasado, un juez federal otorgó un plazo de apertura de investigación adicional de tres meses al exsenador del PAN, Jorge Luis Lavalle Maury, para que su defensa recabe información bancaria que acredite que no recibió sobornos a cambio de aprobar la reforma energética en el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto.
En breve audiencia semipresencial en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, en la que participó Lavalle Maury, el juez de Control Marco Antonio Fuerte Tapia autorizó la solicitud de ampliación que concluye el 14 de junio de 2022, en la que no se opusieron la Fiscalía General de la República (FGR), Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Senado.