En octubre del 2021 fue acusado falsamente por un grupo de mujeres policías aperturándole 5 expedientes que fueron combatidas oportunamente.
Irineo Pérez Melo.- Erick Leonardo, hombre transgénero, denunció ser revictimizado por personal de la Dirección General de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría General del Estado de Veracruz, al recibir un trato discriminatorio por parte de autoridades investigadoras, debido a su identidad sexo-génerica.
En entrevista, el empleado de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Estado de Veracruz, señaló que en los meses de octubre del 2021 a junio del 2022, un grupo de compañeras (mujeres policías) adscritas al área de Enlace de Género del Cuartel San José “Heriberto Jara Corona”, se unieron para acusarlo con falsedad ante la Dirección General de Asuntos Internos y el Órgano Interno de Control de la SSP.
Expresó que durante ese periodo se aperturaron cuatro expedientes en la Dirección General de Asuntos Internos y uno en el Órgano Interno de Control de la corporación policiaca, “en dónde es el mismo grupo de mujeres que me señalan y acusan con falsedad”, recalcó.
Explico que combatió las investigaciones, incluso contrato los servicios de un abogado particular; sin embargo, a su juicio, existe discriminación por su identidad de género y orientación sexual, abuso, oscuridad y falta de ética, por parte de las autoridades investigadoras, a la hora de resolver; ya que, sin motivo, ni justificación desechan sus pruebas; y aunque las ofendidas no presentan medios probatorios y, únicamente, se valen de sus dichos, las autoridades antes citadas resuelven a su favor.
Mencionó que ante la discriminación, obstáculos y el trato despótico por parte de las autoridades investigadoras, se vio en la necesidad de solicitar acompañamiento por parte de Visitadores (as) Auxiliares de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Veracruz (CEDH); quienes son testigos del abuso de autoridad, falta de ética y profesionalismo. Indicó que las mencionadas acciones y omisiones se encuentran transcritas en las actas circunstanciadas agregadas en la queja DAV/791/2020 (documentales públicas que presenté como medio de prueba ante la Dirección General de Responsabilidades Administrativas).
El expediente radicado en el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz, fue remitido a la Dirección General de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría General del Estado de Veracruz (actualmente en proceso), refirió.
Recordó que el pasado 28 de septiembre 2023, previa cita, se presentó en las oficinas de la Subdirección de Responsabilidades de los Servidores Públicos de la Dirección General de Responsabilidades Administrativas, con la servidora pública que está a cargo de la integración del expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa, donde se me acusa con falsedad.
Expuso que la mencionada servidora pública le permitió consultar el expediente, pero, se encuentra incompleto, en virtud de que en fecha 25 de septiembre 2023, compareció ante esa autoridad, una testigo por parte de la persona ofendida de identidad resguardada.
“Pregunte de manera educada a la servidora pública cuando sería agregada al expediente la diligencia (testimonial) y me respondió que no sabe, porque el documento se encuentra en la oficina de su superior el Subdirector de Responsabilidades de los Servidores Públicos”.
Ante la negativa, por parte del personal de la Dirección General de Responsabilidades Administrativas, en forma respetuosa le solicité verbalmente a la servidora pública fijara nueva fecha y hora para consultar de forma íntegra todas las constancias del expediente, sin embargo, contestó con evasivas, no hizo el esfuerzo para consultar su agenda y me indicó que debo pedirlo por teléfono, pese a que es mi derecho humano estar al tanto de todas las actuaciones y diligencias que se realicen en el expediente radicado en la dependencia en cuestión, sin embargo, existen obstáculos y oscuridad por parte del personal.
Por tal motivo, cuestionó a los titulares de la Contraloría General del Estado y General de Responsabilidades Administrativas si su actuación ¿es por instrucción de su potestad negar la consulta de los expedientes a los presuntos responsables; violentar los derechos humanos de los presuntos responsables; ocultar diligencias a los presuntos responsables; dar un trato discriminatorio y despotico a los presuntos responsables; pero, sobre todo, negar copias simples y/o certificadas del expediente a los presuntos responsables?, concluyó.