La propuesta del secretario (ministro) de Turismo, Enrique de la Madrid, de regular el consumo y la venta de la marihuana en los dos Estados más turísticos de México —menos de un mes después de que California inaugurara el mayor mercado legal de marihuana recreativa del mundo— reabre el debate sobre la legalización en México de esta droga, que hasta ahora ha chocado con la estructura legal del país: este asunto está regulado por el Código Penal Federal y por la Ley General de Salud, de tal manera que las entidades locales no tienen autonomía para liberar el consumo de cannabis.
“Hacer proyectos pilotos en algunos Estados, como propone el secretario en Quintana Roo y Baja California Sur, requeriría una reforma legislativa a nivel nacional y hoy me parece que no hay condiciones de aprobarlo”, afirma la senadora independiente Martha Tagle, quien ha presentado, sin éxito, proposiciones en el Congreso para la flexibilización del uso del cannabis.
El intento más reciente de modificar el Código Penal y la Ley General de Salud es un ejemplo de la resistencia contra la que el tema se choca. El presidente Enrique Peña Nieto presentó en 2016 un proyecto que aumentaba a 28 gramos de marihuana la cantidad que una persona podría llevar consigo sin ser penalizada, además de avalar su uso medicinal y científico. La nueva ley se aprobó, pero presiones dentro del propio Gobierno y de congresistas excluyeron del texto cualquier incremento en los límites de posesión para consumo permitidos: actualmente portar hasta cinco gramos de marihuana no debería ser penalizado, pero, según comentan expertos en el tema, en muchos casos siguen castigándose.
Pese a las dificultades de impulsar una modificación a nivel federal, expertos consultados por el EL PAÍS afirman que sí hay maneras de adoptar medidas en Quinta Roo y Baja California Sur, lo que supondría un cambio en el actual enfoque de restricción que las autoridades mexicanas dispensan a los usuarios de la marihuana.
Los dos Estados son verdaderas vitrinas en México por la cantidad de visitantes que reciben: en 2016 unos 11.000.000 turistas viajaron a Quintana Roo y otros 2.000.000 visitaron Baja California Sur. “La propuesta del secretario es positiva, porque demuestra que al menos parte del Gobierno entiende que perseguir al usuario genera mayor violencia y, además, es prejudicial desde un punto de vista económico y social”, afirma Alejandro Madrazo, integrante del Programa de Política de Drogas del Centro de Investigación de Docencia Económica (CIDE).
Según explican Madrazo y Catalina Pérez Correa, profesora de la división de Estudios Jurídicos del CIDE, en México el Gobierno está encargado de perseguir los delitos relacionados con el narcotráfico, mientras los Estados son los responsables por aplicar la ley respecto al narcomenudeo. Así, argumentan, habría espacio cambiar las directrices y prioridades de las fuerzas policiales locales, sin tocar en el Código Penal.
Los investigadores citan como ejemplo una proposición que se llegó a tramitar en la Asamblea de la Ciudad de México: el proyecto establecía directrices para la Procuraduría y las fuerzas policiales locales y determinaba que estas autoridades deberían priorizar las investigaciones de delitos de mayor gravedad, como secuestros y homicidios, y no perseguir al consumo de estupefacientes. La proposición no ha sido aprobada.
“En México la política de drogas siempre ha sido muy punitiva y se ha enfocado en la eliminación del cultivo [del cannabis] y en la detención de jóvenes que en la mayoría de los casos son solo consumidores”, afirma Pérez.
Intentos frustrados
A lo largo de los últimos años, el bloqueo en el Congreso Nacional conllevó a que algunos Estados buscasen iniciativas propias para tratar el tema. Uno de los casos ocurrió en Campeche, cuando en 2010 el Legislativo local elevó las dosis mínimas permitidas de determinadas substancias estupefacientes que una persona podría poseer sin que se la castigasen. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, no obstante, invalidó estas modificaciones justamente por considerar que los legisladores del Estado no tenían competencia para tratar de un asunto federal.
La Ciudad de México, a su vez, llevó adelante una proposición que ha tenido un efecto nada más que simbólico: aprobó la aplicación medicinal del cannabis antes que el Congreso votase este tipo de uso. Los legisladores de la capital, sin embargo, dejaron claro que la liberación tendría que esperar la decisión de los diputados y senadores.