López Obrador no cuenta con mayoría en el Congreso de la Unión para que avancen todas sus iniciativas; destaca el planteamiento que pretende renovar al Poder Judicial de la Federación
EL UNIVERSAL
Aunque no cuenta con la mayoría en el Congreso de la Unión, este lunes en la conmemoración del 107 aniversario de la Promulgación de la Constitución de 1917, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentará un paquete de al menos 16 reformas constitucionales.
Entre ellas destacan una iniciativa para renovar al Poder Judicial de la Federación, una reforma electoral, la eliminación del Inai y la Cofece, cambiar el sistema de pensiones de los trabajadores, y el planteamiento de que la Guardia Nacional forme parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Sobre la reforma al Poder Judicial de la Federación, el Presidente busca la renovación del pleno de ministros de la Suprema Corte en una elección extraordinaria en 2025, cuando ya no esté en el poder, y que sea organizada por el nuevo Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), el cual no existe.
El Jefe del Ejecutivo federal también busca reducir de 11 a nueve el número de ministros del Máximo Tribunal del país.
A menos de ocho meses de concluir su sexenio, el presidente López Obrador ha señalado que con este paquete de cambios a la Carta Magna busca regresarle el espíritu de justicia social a la ley de leyes.
Tras haber recibido varios reveces por parte de la SCJN, el Mandatario federal ha señalado que el Poder Judicial de la Federación (PJF) está podrido y lleno de corrupción, por lo que planteó una reforma para que los jueces, magistrados y ministros sean electos por voto directo del pueblo.
En materia político-electoral, el Titular del Ejecutivo federal ha planteado una reforma para convertir el Instituto Nacional Electoral (INE) en el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC); disminuir de 11 a siete consejeros electorales, eliminar el financiamiento a los partidos políticos y desaparecer a los legisladores plurinominales.
Se planteó abaratar el costo de la democracia, pues con la reforma se ahorrarían 20 mil millones; para ello también se buscaría que el INEC fuera el único organismo encargado de la organización de las elecciones, absorbiendo así las funciones de los Organismos Públicos Locales (OPL).
En el rubro de Seguridad, el Mandatario federal ha señalado que es una prioridad para su gobierno que la Guardia Nacional (GN) —creada originalmente como un cuerpo civil de seguridad— forme parte de la Sedena para evitar que se corrompa y se eche a perder como la extinta Policía Federal.
López Obrador también dijo que propondrá la desaparición de organismos autónomos como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), excepto la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Recientemente, luego de que la Suprema Corte declaró inconstitucional la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, el Presidente planteó una reforma constitucional al sector eléctrico para fortalecer a la CFE y que tenga preferencia en la generación de energía sobre empresas particulares y extranjeras.
El pasado 7 de enero el presidente López Obrador hizo el compromiso de enviar una iniciativa para modificar el artículo 123 de la Constitución para que se establezca que “nunca, jamás, va a aumentar el salario menos que la inflación. Nunca más”, insistió.
Se prevé que López Obrador envíe una iniciativa en materia de austeridad republicana para que ningún servidor público gane más que el Presidente de la República. La semana pasada, el Mandatario federal planteó presentar una iniciativa para elevar a rango constitucional que las concesiones de trenes de carga permitan al Estado usarlas para el transporte de pasajeros.
Además, contempló una reforma a las pensiones de los trabajadores, tanto los inscritos en el IMSS como en el ISSSTE, donde el gobierno intervenga y apoye a las empresas para que los trabajadores reciban su sueldo completo al momento de jubilarse y no sólo la mitad, como sucede actualmente.
En el rubro de programas sociales del Bienestar se prevén al menos seis cambios constitucionales: el primero es bajar a 65 años de edad el requisito para que los adultos mayores reciban una pensión universal; que todas las personas con discapacidad reciban una pensión sin importar su edad, y elevar a rango constitucional la entrega de becas para estudiantes pobres.
Asimismo, elevar a rango constitucional los programas Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida.
Dejar asentado en la Constitución derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos del país: “Es una ley y va a enunciarse en la Constitución y luego se va a enviar la iniciativa de ley”, señala el Mandatario Federal.
En materia de salud, el Jefe del Ejecutivo federal ha planteado una reforma constitucional para prohibir el consumo de drogas químicas como el fentanilo, y prohibir la venta de vapeadores y cigarros electrónicos por ser dañinos para la salud.
Además planteará una reforma para prohibir el maltrato animal.