Los integrantes de la organización criminal operan desde nuevos territorios
Ha pasado más de un año desde que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, decretara el régimen de excepción para combatir a las Maras Salvatruchas, una organización criminal cuyas actividades delictivas incluyen narcotráfico, robo, extorsión, trata de personas, inmigración ilegal, blanqueo de dinero, asesinatos, proxenetismo, crimen, asalto, secuestro y tráfico de armas; aunque para la población salvadoreña ha sido todo un éxito, esto ha creado un efecto dominó en los países cercanos, donde cada vez es más común la presencia de este grupo delictivo, hasta ahora los más afectados son México y Guatemala.
La pandilla se creó en la década de los 80s y 90s en Los Ángeles, Estados Unidos y una década después comenzó a operar en Centroamérica, principalmente en El Salvador y Honduras, algunos expertos aseguran que es el mismo grupo pero tuvo que operar fuera de EU, mientras que otros afirman que aunque levan el mismo nombre no tienen relación, ya que cada uno posee diferentes líderes. En 2015 fueron catalogados como grupos terroristas.
Durante varios años El Salvador estuvo controlado por esta pandilla, sus dominios llegaban hasta las cárceles, sus integrantes se caracterizan por tatuajes que cubren su cara y cuerpo, el cabello rapado, utilizar lenguaje de señas además los distinguía un uso excesivo de la violencia, hasta hace poco para ellos era un orgullo mostrar que pertenecían a dicho grupo delictivo pero todo cambio el 27 de marzo de 2022, cuando Nayib Bukele harto del control que tenían estos delincuentes y a un día de que ocurriera una masacre donde perdieron la vida más de 68 personas en menos de 48 horas a manos de Los Maras Salvatruchas y Barrio 18, decidió poner fin al promulgar el régimen de excepción.
Originalmente se realizaría durante un mes pero al ver los resultados el presidente decidió extenderlo en febrero de este año volvió a solicitar que se ampliara, según la Constitución, el régimen de excepción se debe de aprobar por 30 días y se puede prorrogar, como ha sucedido en los últimos 12 meses, mientras existan las causas que lo originaron.