Concede suspensión provisional a víctimas de líneas 12 y 3 del Sistema de Transporte Colectivo, a fin de que se supervise la adecuada operación y las seguridades para los usuarios
PROCESO
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un juez federal concedió un amparo a víctimas de las tragedias en las líneas 12 y 3 del Metro, que obliga al gobierno de la Ciudad de México a verificar el mantenimiento de las instalaciones, la adecuada operación y las seguridades para los miles de usuarios que diariamente viajan en toda la red del Sistema de Transporte Colectivo.
De acuerdo con Teófilo Benítez Granados, abogado de las víctimas, el propósito del amparo 63/2023 es evitar que se repitan las tragedias del 3 de mayo del 2021, cuando colapsó una trabe metálica del tramo elevado de la Línea 12 y murieron 26 personas y más de 100 resultaron lesionadas; y del 7 de enero del 2023 con el choque de trenes en la Línea 3, que provocó la muerte de una estudiante de la UNAM y lesiones a 106 personas más.
La suspensión provisional a las víctimas directas e indirectas, aclaró el litigante en un comunicado, no interfiere en la operación del tramo que reinició operación el domingo 15, de Atlalilco a Mixcoac, de la llamada “Línea Dorada”, por lo que seguirá otorgando servicio de manera normal, al igual que la Línea 3.
Detalló que el Juez Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Administrativa concedió la suspensión para que las autoridades involucradas en el funcionamiento y mantenimiento adecuado de instalaciones y operación del Metro, garanticen el derecho a la movilidad con plena seguridad, como lo marca el Artículo Cuarto de la Constitución Política de México.
En la demanda de juicio de amparo, las víctimas plantearon a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, que garantice la no violación al derecho humano de movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad, previsto en dicho artículo de la Carta Magna. La finalidad es que el Sistema de Transporte Colectivo Metro opere en condiciones de seguridad.
El documento va dirigido también al director general del Metro, Guillermo Calderón, a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa, al Congreso de la CDMX y al recién creado Consejo Consultivo del Metro.