La militarización en México mina la salud de su democracia: WOLA

mayo 13th, 2021 | by La redacción
La militarización en México mina la salud de su democracia: WOLA
NACIONAL
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SIN EMBARGO

Si bien las Fuerzas Armadas habían participado en proyectos fuera del tema de seguridad en sexenios pasados, resulta llamativo su papel en obras prioritarias de gran escala del Gobierno actual, ya que ahora las fuerzas militares están involucradas en varios programas sociales como en la construcción del Banco del Bienestar, construcción y administración del Aeropuerto de Santa Lucía y del Tren Maya, y de la construcción del megaproyecto del Corredor Interoceánico (Transístmico), por mencionar algunos.

A pesar de que México, como en otros países de América Latina que han sido marcados por las dictaduras, no ha vivido un golpe de Estado, en los últimos años en el territorio nacional se ha desplegado la fuerza militar dentro y fuera del ámbito de seguridad, con lo que se deja ver el nivel de poder que tienen las instituciones militares y permite cuestionar qué margen de poder conserva el Gobierno civil.

De acuerdo con un análisis de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), desde diciembre de 2006 se han registro un aproximado de 350 mil homicidios dolosos y, de acuerdo con lo que el propio Gobierno en turno ha señalado, hay alrededor de 85 mil personas desaparecidas en el país.

Cabe resaltar que la cifra está contextualizada a partir del recrudecimiento de la guerra contra la delincuencia en México hace casi 15 años, el cual se caracterizó por el despliegue territorial de las Fuerzas Armadas y por una estrategia de perseguir a los líderes de los cárteles de narcotráfico. En aquel entonces el Jefe del Ejecutivo federal era el panista Felipe Calderón Hinojosa.

Cuando Andrés Manuel López Obrador era, por segunda vez, candidato a la Presidencia de la República en 2012 prometió que si llegaba al Gobierno federal, “sacaría al Gobierno de las calles” y en su lugar fortalecería a la Policía federal, la cual estaría profesionalizada. Después, para su tercera candidatura presidencial, aseguró que el modelo de seguridad del sexenio de Enrique Peña Nieto era bélico y que no resolvía nada, por lo que nuevamente sostuvo que reorientaría la estrategia contra la violencia.

“Sin embargo, la desmilitarización no sólo no ha llegado, sino que López Obrador ha apostado por profundizar diversos aspectos del modelo militarizado”, recalcó la autora del análisis de WOLA, Stephanie Brewer.

Lo que sucedió es que López Obrador desplegó la Guardia Nacional, la cual a pesar de que depende orgánicamente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), es una fuerza militarizada que opera bajo la coordinación de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

“La suma de estos dos instrumentos legales no es alentadora: incluso si el Gobierno retirara a las Fuerzas Armadas de las tareas policiales para 2024, dichas tareas quedarían en manos de otra institución militarizada (la Guardia Nacional). En este contexto, se desdibuja la necesaria reforma policial civil. Mientras tanto, persisten diversos factores estructurales que fomentan la violencia en México”, insistió Brewer.

Con el despliegue de la fuerza militar en contra de la delincuencia organizada durante el sexenio calderonista no sólo se demostró que se trató de una estrategia fallida, sino que además ese momento marcó el comienzo de la etapa actual de militarización como eje central de la estrategia anticrimen en México.

Desde el inicio de la administración de Felipe Calderón, el Gobierno desplegó una serie de operativos conjuntos militarizados, dando lugar a miles de enfrentamientos armados entre los grupos criminales y elementos militares.

A pesar de que en 2012 no sólo se cambió de Presidente, sino que éste fue de un partido distinto al anterior (de PAN a PRI), Enrique Peña Nieto repitió prácticamente el mismo ciclo durante el sexenio con la creación de la nueva fuerza federal, la Gendarmería, la cual también significó el despliegue militar.

Ya bajo el mandato de López Obrador, el despliegue territorial ha incorporado a un número cada vez mayor de elementos de la Guardia Nacional. Al mismo tiempo, ha dado participación directa a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad.

“Así, con variaciones, la militarización se ha convertido de supuesta medida transitoria en estrategia de largo plazo”, recalcó la WOLA.

Los resultados del este modelo basado en la fuerza militar no sólo no han sido favorables, sino que han generado ciertas catástrofes, que se reflejan o se traducen al aumento exponencial de los homicidios desde el sexenio de Calderón Hinojosa y hasta la fecha, las detenciones y muertes de los líderes del crimen han provocado la fragmentación de los cárteles, además del evidente aumento en la violencia.

Además, si bien las cifras sobre homicidios y desapariciones se extienden por todo el país, es evidente la concentración que tienen en algunos de los estados más poblados y donde es inminente la presencia de células criminales.

Aunque en los dos años del Gobierno lopezobradorista se ha registrado una disminución en el combate frontal a los grupos criminales, lo cual podría reflejar un paso positivo, la estrategia de seguridad no se acompaña de medidas que realmente hagan frente a la violencia, por lo que al final del día, lo grupos criminales siguen victimizando a la población y los homicidios continúan en niveles históricos.

“El Estado no ha utilizado los últimos 15 años de militarización para instalar estructuras y prácticas eficaces contra la violencia a nivel nacional. En vez de permitir que las autoridades adelantaran soluciones, la militarización se ha vuelto la adicción que posterga indefinidamente esas soluciones”, sentenció la analista de WOLA.

Parte de estas acciones están en no tener órganos corruptibles en el Gobierno, investigaciones profundas y reales al respecto de los patrones de violencia tanto regionales como locales, la verdadera  reforma y profesionalización de las instituciones policiales civiles, “rompiendo el ciclo de militarizar por tiempo indefinido como respuesta fallida ante la corrupción policial y las carencias de las fuerzas locales”.

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS 

La guerra militarizada contra la delincuencia en México detonó altos niveles de graves violaciones de derechos humanos. Una de las caras más conocidas de esta crisis han sido las desapariciones forzadas, cometidas por el Ejército, la Marina, así como por otras fuerzas de seguridad de todos los niveles, se lee en el análisis de WOLA.

También se han documentado las detenciones arbitrarias y la tortura a civiles, lo cual termina con víctimas inocentes culpadas por delitos que no cometieron.

“Si bien la tortura era una práctica generalizada desde antes del sexenio de Calderón, la militarizada guerra contra el crimen fue un importante factor agravante. Según un análisis del World Justice Project basado en los datos de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2016, el 88 por ciento de las personas detenidas por la Marina y el 85 por ciento de las personas detenidas por el Ejército de 2006-2016 reportaron tortura o malos tratos. Según la misma encuesta oficial, el 41 por ciento de las mujeres detenidas por la Marina, el 21 por ciento de las mujeres detenidas por el Ejército y el 10-13 por ciento de las mujeres detenidas por las diferentes fuerzas policiales del país reportaron haber sobrevivido violación sexual en el marco de la detención”.

Sin embargo, las cosas no se frenaron ahí, ya que existen numerosos casos documentados en los que las Fuerzas Armadas han privado de la vida a personas que se encontraban sometidas y/o que no participaban en acto delictivo alguno, configurando así ejecuciones extrajudiciales o arbitrarias.

En reiteradas ocasiones, los elementos militares han alterado las escenas de estos crímenes, por ejemplo, sembrando armas a las víctimas, como ocurrió en la ejecución de dos estudiantes del Tecnológico de Monterrey en 2010. Otro ejemplo de alteración de escenas es el caso Tlatlaya de 2014, en el que se reveló que los soldados operaban bajo la orden de “abatir delincuentes en horas de oscuridad”.

Un caso más reciente, ocurrido en julio de 2020,  se dio por la ejecución extrajudicial cometida por soldados en Nuevo Laredo, la cual quedó grabada en un video.

“Un indicador clave para detectar prácticas de presunta ejecución extrajudicial es el índice de letalidad, el cual muestra la relación entre el número de personas civiles muertas y heridas por una fuerza de seguridad en contextos de enfrentamiento. […] Es decir, un índice de letalidad ‘normal’ sería de 1 o menos. En México, el índice de letalidad de las Fuerzas Armadas, según datos presentados en diciembre de 2020 por López Obrador, dista de estar en este nivel.  Ni el número actual de personas privadas de la vida por las Fuerzas Armadas, ni el índice de letalidad actual, alcanzan los niveles verdaderamente extremos vividos en sexenios recientes. Sin embargo, las fuerzas militares siguen matando a cuatro o cinco civiles por cada persona civil herida, es decir, el índice de letalidad hoy se ubica en más del 400 por ciento del nivel esperado”, detalló Brewer en su análisis.

Históricamente, las Fuerzas Armadas mexicanas han conservado un grado notable de autonomía, al que se ha sumado el poder que representa su papel protagónico en la estrategia de seguridad. El discurso de López Obrador como candidato había dado razones para pensar que su llegada a la Presidencia podría significar una reconfiguración de este último aspecto. Sin embargo, tras diversas reuniones con la cúpula militar, el nuevo Presidente no sólo consolidó el papel de las Fuerzas Armadas como pilar de la estrategia de seguridad, sino también empezó a asignarles otra gama de funciones.

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