SOLO QUE SEAN DE ORO…Gobierno compró termómetros hasta en 6 mil pesos y cubrebocas N95 en 340 pesos: INAI

agosto 31st, 2021 | by La redacción
SOLO QUE SEAN DE ORO…Gobierno compró termómetros hasta en 6 mil pesos y cubrebocas N95 en 340 pesos: INAI
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MILENIO

Debido a la pandemia de covid-19 en México, durante los primero 15 meses, algunos de los productos relacionados con la emergencia sanitaria alcanzaros precios exorbitantes en contratos públicos firmados por el gobierno federal, de las cuales, los cubrebocas KN95 de costar 13 pesos en junio de 2020, alcanzaron los 340 pesos, mientras que los termómetros infrarrojos rondaron los 2 mil 400 pesos, hasta los 6 mil 725 pesos.

Así lo reveló el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), al presentar el micrositio “Contrataciones públicas durante la emergencia”, en el que además de concentrar la información de todos los contratos firmados por el gobierno federal desde enero de 2020 a abril de 2021, es una plataforma abierta para que las instituciones que siga haciendo compras relacionadas con la pandemia, transparenten esos contratos.

De acuerdo con los datos allí reunidos, provenientes de los contratos publicados en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), en los primeros 15 meses de pandemia se firmaron 2 mil 182 contratos relacionados con la emergencia sanitaria, que suman un gasto total de 14 mil millones de pesos.

Por ejemplo, los datos arrojan que en junio de 2020, el ISSSTE compró 3 mil mascarillas N95 a 340.52 pesos cada una a un proveedor llamado Carlos Pérez Rodríguez y 30 termómetros infrarrojos en 6 mil 250 pesos cada uno a un proveedor de nombre Javier Israel Romero Sánchez.

De esos, 11 mil 634.28 millones de pesos fueron gastados por 24 instituciones del sector Salud, mientras que otros 2 mil 541.82 millones de pesos fueron ejercidos por cuatro dependencias que, aunque no son de ese sector, hicieron compras relacionadas con el covid: Cofepris, Hacienda, Defensa y Marina.

El sector Salud firmó mil 937 contratos, de los cuales el 95.6 por ciento, es decir mil 851 contratos, por un monto total de 11 mil 384 millones de pesos, fueron asignados vía adjudicación directa; 1.1 por ciento, es decir 22 contratos, por la vía de invitación restringida y 3.3 por ciento, 64 contratos, por licitación pública.

Las otras dependencias firmaron 245 contratos en 15 meses, de los cuales 232, el 94.7 por ciento, fueron por adjudicación directa, por un monto total de 2 mil 402.87 pesos, tres por invitación restringida y 10 por licitación pública.

El ISSSTE es la institución que tiene más contratos, mil 310, seguida de Sedena, con 234, el INSABI, con 220 y el IMSS, con 204.

Sin embargo, el IMSS concentra los montos más altos contratados, con 8 mil 835 millones de pesos, seguido de Sedena, 2 mil 532 millones, y el ISSSTE, 2 mil 388 millones de pesos.

Al presentar el micrositio, el comisionado Óscar Guerra Ford explicó que algunos de los hallazgos que arrojó la herramienta, por ejemplo, es que “el ISSSTE compra mucho, pero de a poquito y el IMSS no compra tanto, pero de a más; el promedio de contratos del ISSSTE es de 2 millones de pesos, mientras que el del IMSS es de 8 millones de pesos y el de Sedena es de 2 millones de pesos”.

El comisionado Adrián Alcalá explicó que esta herramienta de transparencia proactiva sirve “para la generación de conocimiento público útil que está orientado a detonar esquemas de rendición de cuentas efectivos por parte de las autoridades que son responsables de la planeación, el presupuesto y la ejecución de recursos públicos mediante la modalidad de contrataciones públicas”.

Aseguró que permitirá “comprender necesidades de información de la sociedad, así como los niveles de respuesta y el cumplimiento de los sujetos obligados”.

Alcalá invitó a todos las instituciones públicas del país a que utilicen esta herramienta para poder transparentar las compras que hagan relacionadas con la emergencia sanitaria.

“Es imprescindible hacer de la transparencia y de la integridad los pilares de una relación entre sociedad y gobierno que, a partir de la confianza, se materialice la garantía de derechos ciudadanos como resultado de mejores contratos públicos”, dijo.

 

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