- Más de 350 trabajadores acudieron a la capacitación impartida por representantes de la FEPADE y de la Unidad del Abogado General y Comisionado para la Transparencia de la Sedesol
Ciudad de México.- El Programa de Blindaje Electoral 2018 es una política pública implementada por la Sedesol, por lo que en cumplimiento a una de sus acciones y con la intención de dar a conocer los lineamientos que deberán seguir los servidores públicos durante el proceso electoral que se avecina, Diconsa realizó un taller de capacitación de Blindaje Electoral, que impartió la representación de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), así como la Unidad del Abogado General y Comisionado para la Transparencia de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).
A la reunión, celebrada en las oficinas centrales de la paraestatal, asistieron más de 350 trabajadores sindicalizados, de confianza y honorarios, a quienes se les informó que el objetivo del Blindaje Electoral es garantizar a la ciudadanía que los recursos públicos no sean utilizados con fines político electorales, atendiendo a los principios de imparcialidad, transparencia y seguridad jurídica.
Se explicó que un delito electoral son acciones u omisiones que lesionan o ponen en peligro el adecuado desarrollo de los comicios y atentan contra las características del voto que debe ser universal, libre, directo, personal, secreto e intransferible. Además, se exhortó a los servidores públicos para abstenerse de llevar a cabo acciones que pudieran comprometer la imagen de la institución o tipificarse como delitos electorales, entre otros, el uso indebido de redes sociales y el de recursos asignados al Programa de Abasto Rural.
Asimismo, durante el evento se expuso que la suspensión de la propaganda gubernamental iniciará a partir del 30 de marzo y concluirá después del 1 de julio del presente año.
Cabe destacar que la operación del Programa de Abasto Rural (PAR), a cargo de Diconsa, no puede suspenderse debido a que su objetivo es llevar alimentos a las poblaciones más pobres del país, por lo que la paraestatal cumplirá con el abastecimiento a sus cerca de 27 mil tiendas comunitarias. Sin embargo, para evitar que los inmuebles y vehículos sean utilizados para otros fines, 48 horas previas a la jornada electoral, se realizará el blindaje, la verificación y el resguardo de los mismos.