La abogada egresada de la Universidad Anáhuac también fue titular de la extinta PGR en el sexenio de Enrique Peña Nieto
EL UNIVERSAL
Esta tarde, el titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), David Colmenares, presentó a Arely Gómez como la nueva auditora especial de Desempeño, en sustitución de Agustín Caso.
Arely Gómez es abogada egresada de la Universidad Anáhuac. Se desempeñó como secretaria de Estudio y Cuenta en el Tribunal Fiscal de la Federación.
Realizó gran parte de su carrera profesional dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en donde ocupó los cargos de coordinadora de Ponencia en la Segunda Sala, Secretaria General de la Presidencia y Oficial Mayor.
En 2007 fue nombrada titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, cargo que ocupó hasta 2010.
También fue titular de la extinta Procuraduría General de la República (PGR) en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
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Ayer, Agustín Caso, quien se desempeñaba como Auditor Especial de Desempeño de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), denunció que fue cesado de sus funciones por el Auditor Superior, David Colmenares.
En una carta que hizo pública, denunció que el máximo órgano fiscalizador del país está secuestrado por intereses políticos, está evadiendo auditorías a programas clave y se autocensura para no afectar al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Para nadie es un secreto que, de manera cada vez más grave, en la Auditoria Superior de la Federación se ha abdicado del cumplimiento de los principios constitucionales en detrimento de la autonomía e independencia de la función de fiscalización, lo que se traduce en abandonar o hacer retroceder a los equipos auditores en su misión”, expuso en el texto.
Además, denunció, se han dejado de procurar y hacer cumplir los principios de separación de poderes, estado de derecho y, con ello, se ha debilitado no solo a la Auditoria, sino a todas las instituciones públicas que dejan de cumplir con su actividad institucional, la cual emana del mandato constitucional a que están obligados.