Bajo el riesgo de ser declarados en desacato a un mandato judicial, funcionarios ya dieron inicio al proceso electoral extraordinario para que, de acuerdo con la reforma judicial, el país elija a cerca de 896 jueces, magistrados y ministros el 1 de junio de 2025.
Proceso
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Pese a la emisión de suspensiones y a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene pendiente la revisión de la reforma judicial, el gobierno federal ya cerró filas para materializar la primera elección de jueces, magistrados y ministros en la historia de México programada para el próximo 1 de junio de 2025.
Desde la discusión de la reforma en la Cámara de Diputados diversos jueces de Distrito concedieron suspensiones, primero provisionales y ahora definitivas, para intentar frenarla, evitar su promulgación y publicación e impedir su entrada en vigor.
Sin embargo, ninguna de las órdenes judiciales ha sido cumplida por nadie, esto, pese a que la ley únicamente establece una prohibición expresa al considerar al presidente de la República como autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, por lo que el resto de los funcionarios estarían en riesgo de ser declarados en desacato a un mandato judicial.
Según la reforma, el Congreso de la Unión cuenta con 90 días naturales, a partir del día en que entró en vigor, para emitir las leyes secundarias para su implementación, y este plazo vence el 16 de diciembre próximo.
Mientras tanto, el Instituto Nacional Electoral (INE) ya dio inicio al proceso electoral extraordinario, pues la reforma le concedió siete días, a partir de la entrada en vigor del decreto publicado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 15 de septiembre, para iniciar la organización de la elección, término que se cumplió el 23 de septiembre.
Por ello, en la sesión del Consejo General del INE de la fecha fijada, fueron instalados los 32 consejos locales y fue anunciada la creación de la Comisión Temporal que dará seguimiento a las elecciones de ministros, magistrados y jueces federales.
Ayer, durante su conferencia de prensa matutina, la consejera Jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy, anunció la presentación de iniciativas de reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia Electoral, para regular el proceso de elección de juzgadores.
De acuerdo con la reforma judicial, en la primera elección extraordinaria el país elegirá a cerca de 896 jueces, magistrados y ministros.
Para ello, Godoy precisó las fechas que, desde la Presidencia de la República, ya han sido fijadas para el resto de los participantes en el proceso de elección.
Así, para el 15 de octubre próximo, el Senado de la República emitirá la convocatoria para que los tres poderes de la Unión (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) envíen la lista de los candidatos que postularán para ocupar los cargos a elegir.
Para el 24 de noviembre se realizará la inscripción de aspirantes; el 15 de diciembre los comités de cada poder verificarán que esas personas cumplan con los requisitos establecidos en la ley para ser juez, magistrado o ministro.
Para el 31 de enero de 2025, los comités realizarán entrevistas y se seleccionará a los finalistas entre ellos, a través de un proceso de insaculación (tómbola) realizado en sesión pública, se depurarán los listados, pues cada poder debe postular, en el caso de jueces y magistrados, a dos personas por vacante y en el caso de ministros serán tres candidatos por lugar en la SCJN.
Según la consejera jurídica de la Presidencia, se prevé que para el 7 de febrero los tres poderes de la Unión remitan sus listas de candidatos al Senado.
La reforma establece que la convocatoria que emita el Senado de la República concluirá el 12 de febrero de 2025, por lo que ese día, indicó Godoy, la Cámara Alta revisará y remitirá el listado al INE.
Proceso informó el pasado 4 de octubre que la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández precisó al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, Gerardo Fernández Noroña, que ante la existencia de diversos juicios de amparo en los que fueron concedidas suspensiones para frenar la entrada en vigor de la reforma judicial, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) analizará qué acciones debe realizar para cumplir con las mismas.
Esto, debido a que en una de las suspensiones el juez Primero de Distrito del Estado de Nuevo León ordenó al CJF no entregar al Senado de la República los listados establecidos en la reforma judicial (jueces en activo, renuncias, vacantes).
Además, el 3 de octubre la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió analizar la impugnación presentada por jueces y magistrados federales contra la reforma judicial para determinar si ésta viola o no la independencia judicial.
En los próximos días se prevé que la ministra presidenta Norma Piña ordene enviar la impugnación de los juzgadores federales a otro de los integrantes del Pleno y defina desde ese momento si suspende o no la entrada en vigor de la reforma.
Ayer, la presidenta Claudia Sheinbaum enfatizó que, con o sin la información del Poder Judicial, la convocatoria del Senado avanzará y la elección se realizará.
“Si por alguna razón la Corte (sic) no envía las vacantes que son necesarias para la convocatoria, el Senado utilizará la información disponible públicamente para poder realizar esta convocatoria”, señaló.
“La reforma al Poder Judicial ya fue aprobada, es constitucional y va a iniciar ya en unos días después de la aprobación de estas dos leyes, el proceso electoral”.
Las campañas durarán 60 días y las impugnaciones de los resultados serán resueltas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y la SCJN, para el caso de los magistrados electorales, a más tardar el 28 de agosto de 2025.
Esto, para que el 1 de septiembre los juzgadores que hayan resultado electos puedan tomar protesta de sus cargos.