Indicó que los recursos solicitados equivalen aproximadamente al 0.26% del Producto Interno Bruto del país
“Los recursos solicitados se traducen aproximadamente en el equivalente al 0.26% del Producto Interno Bruto de nuestro país.
“En los últimos años la Judicatura ha visto disminuida su participación en el presupuesto de egreso de la Federación en comparación con otros entes públicos”, manifestó durante la sesión solemne conjunta de los plenos del Alto Tribunal, del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
La Corte solicita un aumento de tres mil 101 millones 779 mil 645 pesos para su presupuesto del 2024 que sería de 80 mil 646 millones 270 mil 771 pesos.
La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que deberá remitirse a más tardar el 8 de septiembre de cada año a la Cámara de Diputados que tiene como facultad aprobarlo a más tardar el 15 de noviembre y publicarse en el Diario Oficial de la Federación a más tardar 20 días naturales después de aprobado.
El acceso real y efectivo de los mexicanos a la justicia no debe ser negociable
La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández dijo que el acceso real y efectivo de los mexicanos a la justicia no debe ser negociable.
La ministra enfatizó que proteger el acceso a la justicia de las y los mexicanos, no sólo le corresponde al Poder Judicial Federal, sino también directamente al Poder Legislativo, que debe asignar los recursos suficientes, respetando así, en el ejercicio de sus atribuciones, las garantías constitucionales que rigen la protección de nuestros derechos.
Durante la sesión solemne conjunta de los plenos del Alto Tribunal, del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Piña Hernández destacó que la asignación presupuestal requerida para la impartición de justicia federal en 2024 representa, en promedio, 1.8 pesos diarios por mexicano.
“Lamentablemente, la consecuencia directa de asfixiar a través de un recorte presupuestal al Poder Judicial Federal, es colocar inmediatamente, a los más vulnerables en una condición de aún mayor desventaja para acceder a sus derechos.