Arturo Reyes Isidoro
Había que parar el escándalo, que mediáticamente ya había rebasado las fronteras de México, y preparar el mejor escenario para la llegada a Veracruz del presidente Enrique Peña Nieto dentro de cinco días, el lunes próximo.
Aunque el presunto espionaje a Ricardo Anaya por parte del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) involucraba a una dependencia federal, tenía su origen en el Estado e implicaba un vehículo con placas de Veracruz e incluso tal vez el agente que fue filmado sea veracruzano.
Cuando Anaya denunció que lo seguían y que lo espiaban y mostró en su cuenta de Twitter un video como prueba encendió el escándalo, del que se colgó también ya saben quien. Y ardió Troya.
En un país en el que todo se sabe, o casi todo, de siempre se ha sabido que el gobierno vigila a quien puede constituir un riesgo para su estabilidad en el poder (monitorear “todos los aspectos de trascendencia nacional”, dijo ayer el Secretario de Gobernación Alfonso Navarrete Prida), de tal modo que los priistas siempre han puesto “cola” a los panistas y viceversa, para saber qué hacen. Ahora ya no se diga a los morenistas.
El espionaje o vigilancia es común hasta en los gobiernos de los estados, y Veracruz no es la excepción. Aquí mismo en la capital Xalapa, sitios públicos, en especial cafés y restaurantes, los más concurridos y conocidos, siempre tienen a un “oreja” que vigila y registra quiénes entran y quiénes salen y con quienes se reúnen. Hasta foto nos toman. Yo nunca he dudado de que seguramente con instrumentos especiales y sofisticados con los que los dotan graban todo lo que decimos.
Igual, en las casetas de peaje, filman todas las placas que pasan y quedan registradas imágenes de quienes viajan en los vehículos. No es nada nuevo. Sigo creyendo que el mejor espía u “oreja” es el que se disfraza mejor y del que menos puede uno sospechar, el que actúa con mayor naturalidad.
No es que yo apruebe y celebre la práctica, sino que simple y sencillamente comento lo que es una realidad cotidiana por lo que siempre actúo en consecuencia, sabiendo que también estoy bajo la lupa… aunque no tengo nada que ocultar.
En el video de Anaya me sorprendió que la “cola” que le pegaron actuara con toda normalidad, sin disfraz alguno y menos sin intentar ocultarse, al grado que cuando el panista decidió encararlo, el otro, con toda la característica de un típico costeño, lo saludó sonriendo, le dio su nombre y apellido (José Juan Gaeta), aceptó abiertamente que es del Cisen, le dijo que “ando comisionado en esto”, y cuando el precandidato presidencial le preguntó si le habían encargado que lo siguiera, el otro le respondió: “no, de hecho es para que no pase ningún problema en carretera”.
En “Prosa aprisa” de ayer comenté que la camioneta jeep del agente trae placas de Veracruz: YHA 86 08.
Tuvo que ser el titular de la Segob, Navarrete Prida, quien salió ayer a precisar con todo detalle ¡que la “cola” se la pegó el Gobierno de Veracruz!, cuyo titular es Miguel Ángel Yunes Linares, panista, presuntamente aliado de Anaya (¿u ahora de Peña Nieto y de Meade?).
Ciertamente el funcionario federal nunca mencionó por su nombre al gobernador (el diario El País sí lo trajo a colación) pero fue muy preciso al dar su versión: la decisión de que el Cisen siguiera a Anaya el 11 de febrero en territorio veracruzano camino a Coatzacoalcos desde la caseta 045 en Fortín para el cierre de su precampaña se tomó en el seno del Grupo de Coordinación Veracruz, cuyo coordinador es precisamente el titular del Ejecutivo estatal, según lo ha dicho el propio mandatario.
Navarrete Prida dijo que la “cobertura” a Anaya fue de común acuerdo entre el Gobierno de Veracruz y el Cisen, que no se trató de un acto de espionaje o actividad clandestina violatoria de derecho humano alguno, sino de seguridad. “De la reunión –del Grupo de Coordinación Veracruz– se desprendió que el equipo de campaña (de Anaya) estaba enterado de estos sucesos, ¿por qué?, porque la seguridad perimetral en un evento masivo lo cubre el gobierno del estado”.
Hasta anoche Anaya no había reaccionado ante la declaración del Secretario de Gobernación.
La arista política del caso