Arturo Reyes Isidoro
¡Pum! El asunto escaló hasta la ONU.
Mediante un comunicado en su página oficial (unodc.org), ayer tanto la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México (UNODC) y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condenaron hechos ocurridos en La Toma, en el municipio de Amatlán de los Reyes.
Ante la falta de claridad y precisión en la información oficial que se ha venido dando en Veracruz, los organismos de la ONU dejan en claro que de los ocho muertos dos eran policías estatales, dos municipales, un custodio, un elemento del IPAX y dos internos, y que 60 personas “tendrían lesiones de distinta consideración” cuando acá se llegó a hablar sólo de 15 lesionados y finalmente de 13.
O sea que el hecho, cuya versión oficial suscita muchas dudas, se habría saldado con 68 víctimas entre fallecidos y lesionados, algo verdaderamente grave y sin precedente porque en el pasado ocurrieron fugas masivas de penales de Veracruz pero no había tenido lugar un motín tan sangriento como el del sábado-domingo por la noche.
“UNODC y ONU-DH condenan los hechos ocurridos en el penal de Amatlán”, titularon el comunicado y señalaron que “es imperativo que las autoridades desarrollen a la mayor brevedad posible una investigación exhaustiva, independiente e imparcial que permita el juzgamiento y sanción de los responsables de estos hechos”.
Agregaron que: “Asimismo, las agencias de las Naciones Unidas firmantes recuerdan que como parte de la obligación de garantizar los derechos humanos en lugares de privación de la libertad, los traslados deben ser planeados y ejecutados con miras a proteger tanto los derechos de las personas privadas de libertad como la vida e integridad de las autoridades que en ellos participan”.
“UNODC y ONU-DH llaman a las autoridades estatales a adoptar las medidas necesarias para garantizar la no repetición de hechos trágicos como los ocurridos”, dijeron y ambas oficinas expresaron “sus condolencias y solidaridad con los familiares de las víctimas en estos difíciles momentos”.
La condena es un duro golpe para la actual administración estatal por provenir de dos altos organismos de la ONU, además especializados, que si se decidieran enviar visitadores a investigar a lo mejor, ellos sí, nos cimbrarían con lo que encontraran.
Queda claro que no se trata de versiones de la prensa, a la que luego se acusa de exagerar lo que sucede en Veracruz, y ni modos de echarle la culpa de lo que ocurrió a Javier Duarte. La responsabilidad es toda y exclusiva de la actual administración, que quién sabe qué tendrá que hacer para tratar de salir lo mejor librada ante la condena internacional por un suceso violento que enlutó a varios hogares veracruzanos.
El reporte oficial del Gobierno del Estado horas después de sofocada la rebelión dijo que todo fue motivado por el traslado a un penal federal de máxima seguridad de “cuatro reos de muy alta peligrosidad… vinculados a homicidios, secuestros y otros delitos graves”.
Si se sabía de la peligrosidad de esos delincuentes no se explica por qué entonces no se envió a un comando especializado sino a un grupo improvisado, inexperto, compuesto por ¡un policía auxiliar!, ¡un vigilante del DIF de Orizaba!, un joven cadete que todavía no terminaba su preparación en el Centro de Estudios e Investigación en Seguridad de El Lencero, un muy joven policía de sólo 22 años y un custodio.
El compañero Pablo Jair Ortega en su “ColumnaSinNombre” documentó que Cirilo del Ángel Fernando, de 41 años, estaba asignado a vigilar la entrada del DIF de Orizaba; que ya había terminado su guardia el sábado y se encontraba en su domicilio cuando le pidieron que se reportara “y llegó hasta las instalaciones de la Policía Municipal, conocidas como Tugrablock, para trasladarlo a Amatlán (siendo que Córdoba está más cerca), nomás para llevarlo al matadero”.
Por su parte, familiares del cadete Francisco Sánchez Medina dijeron que ni siquiera sabía que formaría parte del operativo, pues estaba de guardia en una caseta cuando pasó por él un grupo de elementos para que participara en la acción.
No estaban, pues, capacitados para la peligrosa misión y los enviaron a una muerte segura. Eso da idea de que todo se hizo de forma improvisada. Tiene razón el abogado Fidel Ordoñez Solana quien declaró y denunció que es evidente que no se cumplió con el protocolo de seguridad para estos casos. Con su experiencia, había declarado horas antes que seguramente el visitador de la ONU ya debía de “haber tomado nota” y que habría consecuencias y recomendaciones de las oficinas del organismo, como luego ocurrió.
¿Por qué no se pidió ayuda a la Policía Militar, a la Policía Federal, a la Marina?
La detención y encarcelamiento del director de La Toma, Valentín Hernández Santiago, así como del subdirector Daniel Alejandro Moreno Trejo y del comandante de custodios en turno es acertada por oportuna, pero no es suficiente para fincar responsabilidades.
¿Qué “estratega” policiaco diseñó el “operativo” que resultó un trabajo chambón y mortal, carente de todo profesionalismo? ¿Hubo o no motín, pues en el informe oficial del domingo se evitó usar ese término? ¿Por qué se esperó a que hubiera muertos para proceder contra el director cuando existía información de que los reos pedían su sustitución por una serie de anomalías y hasta presunta vinculación con la delincuencia?
Sin duda, existe responsabilidad de quien no tuvo el cuidado de vigilar que fueran policías profesionales, con experiencia, fuertes y capacitados los que se encargaran de la tarea. Quien haya sido ¿quedará impune y ni siquiera se le impondrá una sanción administrativa?
Lo ocurrido explica mucho porqué la inseguridad y la violencia que privan en el Estado, pues como bien dijo Margarita Zavala en su cuenta de Twitter la tarde del lunes pasado: “Si el Estado no puede proteger a la población penitenciaria, ¿cómo va a proteger al resto de la población?
La improvisación policiaca que se ha evidenciado al conocerse detalles del caso refleja también por qué la delincuencia sigue fuera de control y por qué pese a que se dice oficialmente lo contrario los índices delictivos son altos.
Ya había alerta de la CNDH
Casi al mismo tiempo que las oficinas de la ONU emitían su condena, el diario Reforma publicó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) había alertado desde el año pasado que el penal de La Toma registraba problemas para «prestar atención».
“De acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Situación Penitenciaria presentado el año pasado, el organismo detectó en el Centro de Reinserción Social Número 1, ubicado en Amatlán de los Reyes, insuficiencia de personal de seguridad y custodia, así como proliferación de actividades ilícitas que ponían en riesgo las condiciones de gobernabilidad”.
También advirtió que en esa prisión había sobrepoblación, aunque mínima, ya que hasta 2016 albergaba mil 9 internos entre hombres y mujeres, pero el centro sólo tenía capacidad para mil 5.
“La Comisión también observó insuficiencia en los procedimientos para la remisión de quejas de probables violaciones a los derechos humanos, así como carencias en las condiciones materiales, equipamiento e higiene de la cocina y comedores”.
La nota registra que para el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, el motín en La Toma evidencia que los centros estatales siguen en condiciones deplorables.
Téllez Marié, no sólo ser sino también parecer
Fue deplorable, no se puede usar otro adjetivo, la imagen que ofreció el Secretario de Seguridad Pública, Jaime Téllez Marié, en el homenaje que se rindió a los dos policías municipales de Orizaba muertos en el motín de La Toma, antes de ser sepultados, pues se presentó en fachas.
Chamagoso, no se puede usar otro adjetivo, con un pantalón de mezclilla deslustrado por el uso y una playera blanca con rallas azules, como la que usaban aquellos famosos “chicos malos” de la historia de Disney a mediados del siglo pasado, se presentó al acto luctuoso, mientras los compañeros de los caídos iban vestidos con sus uniformes, en forma decente.
¿Es que ni siquiera el dolor de los familiares, amigos y compañeros de las víctimas le merecieron que se vistiera apropiadamente para la ocasión? ¿Acto tan excepcional no merecía que se pusiera el uniforme, que le hiciera sentir a la tropa su solidaridad, que es uno de ellos y que viste también como ellos? Pero si no tolera o soporta el uniforme (¿alguna vez alguien lo ha visto uniformado?), ¿por qué al menos no se puso la camisa blanca manga larga con las insignias de la corporación, el pantalón oscuro y la gorra que portaban sus compañeros?
Ni para que diga que siente la camiseta porque ni se la pone, o que no tiene dinero para comprarse un uniforme de gala o ropa apropiada porque nadie se lo creería. Se ve que no le aprende nada a su jefe el gobernador quien siempre se ha distinguido por vestir bien, hasta en forma elegante y da idea de limpio. El funcionario público debe ser pero también parecer.
En Papantla sepultaron ayer a otra víctima, Eleazar Hernández Cortés, policía de 22 años, y el gobierno dejó solos a los deudos. No asistió ningún representante ni ningún funcionario de Seguridad Pública, y al panteón no lo acompañó siquiera una patrulla de la corporación.