Arturo Reyes Isidoro
El hecho de que esté denunciado por presunto lavado de dinero no invalida la intención del candidato del PAN, Ricardo Anaya, de investigar al Presidente por presuntos actos de corrupción.
Sin embargo, como ese no era uno de sus objetivos al anunciar su intención de buscar la candidatura presidencial, sino que se vio forzado a adoptarlo, le ha restado fuerza a la actitud que ahora ha asumido.
Es por el único por el que no votaría. No comulgo con él ni con la derecha, si es que todavía existe. Pero su propuesta me parece necesaria en un sistema caracterizado por la corrupción.
Su actitud creo que no obtuvo mayor respaldo porque parece estar actuando no porque le interese aplicar la justicia sino en venganza dolido porque, como comúmente se dice, el Presidente trata de hacerlo caer para impulsar a su propio candidato José Antonio Meade.
De hecho, todo comenzó formalmente el 20 de febrero pasado cuando en una clara guerra política por el segundo lugar entre el PRI y el PAN se le acusó de realizar operaciones de lavado de dinero a través de transacciones inmobiliarias.
Desde entonces la acusación ha sido su dolor de cabeza e incluso frenó un ascenso que llevaba y provocó que desde aquella fecha empezará a caer en las encuestas. No se ha podido reponer ni se cree que lo logrará.
El 4 de marzo reaccionó y salió a anunciar la conformación de una fiscalía autonóma para investigar a Peña Nieto, a quien responsabilizó de las acusaciones en su contra, que llegaron hasta la PGR.
Sin embargo, veleidoso, ambicioso e interesado como es, su actitud la abandonó luego del primer debate cuando se dijo que él lo había ganado y recobró algunos puntos. Buscó entonces una alianza con Peña e incluso se sabe que junto con empresarios presionaron al mexiquense para que declinara Meade y lo apoyara con el propósito de derrotar a López Obrador.
Peña lo “bateó” pues no confiaba en él luego de que había anunciado que lo investigaría e incluso aumentó la presión en su contra por el caso del presunto lavado de dinero. El martes en el debate se demostró que el tema está vivo y Anaya reiteró su intención.
Tal vez como estrategia, en un spot del domingo, dos días previos al debate, pidió investigar el papel del Presidente en la Casa Blanca “y en los demás escándalos del sexenio. Y si resulta responsable, pues como cualquier otro, terminará en la cárcel».
La respuesta no se hizo esperar. Horas antes del encuentro del martes se filtró un video completo con un audio que lo implicaría seriamente en el caso del que se le acusa. No se cree que se reponga.
Pero el hecho de que denuncie dolido por la campaña en su contra, que se pueda considerar que está pensando en una venganza, no le quita legitimidad a lo que debiera ser una práctica común en un sistema como el nuestro que se presume democrático.
Su propuesta, decía, me parece necesaria, aunque creo que se quedó corto porque no sólo debe proponer una fiscalía autonóma que investigue a Peña sino también a todos los gobernadores, de todos los partidos, pues en muchos casos es evidente que están abusando del poder y desviando millones y millones de pesos igual que como lo hizo Javier Duarte.
La fiscalización a los gobernantes debiera establecerse por ley con organismos verdaderamente autónomos, pues hoy prácticamente todos los que tienen la obligación de proceder están sometidos a los Ejecutivos federal y estatales y por ello mismo son cómplices por omisión de toda la corrupción oficial y de los abusos de poder que se cometen un día sí y el siguiente también.
Ayer, por ejemplo, comentaba el servilismo que caracteriza al grupo mayoritario panista que tiene el control del Congreso de Veracruz, lo que el panismo y el yunismo tanto criticaron al PRI y a Javier Duarte.
El martes se dio el último debate y me extrañó que a ninguno de los candidatos se le ocurrió decir al electorado que si gana adoptará las mejores propuestas que hubieran ofrecido sus adversarios, pues es de suponer que el hecho de que no ganen no significa que no hayan hecho ofrecimientos cuya aplicación pueda a mejorar la vida del país (en el Estado el único que lo hizo cuando fue candidato fue Fidel Herrera Beltrán).
Resulta verdaderamente insólito cómo países que se supone que no han alcanzado el desarrollo de nuestro país, chicos territorialmente, como Guatemala, por ejemplo, actúan y tienen a expresidentes en la cárcel por actos de corrupción, y ya ni se diga otros como Brasil que tiene en prisión a Lula.
El de Anaya ahora fue un palomazo movido sólo por un deseo de venganza. El enjuiciamiento a presidentes y a gobernadores en funciones o ya en su calidad de exs debe normarse legalmente. Lamentablemente, todo indica que el más viable para ganar, López Obrador, en lo que se refiere a ese tema dejará todo igual. La noche del debate le dijo al panista que si gana ni a él lo meterá a la cárcel. Uf. Continuará, pues, la impunidad.
La gubernatura de 2 años, 4 años después
Cuánta agua ha corrido bajo el puente y hoy prácticamente ya nadie se acuerda que fue el líder del grupo legislativo del PAN en el Congreso local, en aquel entonces, Julen Rementería del Puerto, quien en 2014 propuso la gubernatura de dos años para 2016 con el argumento de que había que empatar la elección presidencial con la de gobernador para 2018, ya que eso reduciría los costos en la organización de los comicios.
En aquel año hubo la sospecha (casi certeza) de que el ahora candidato a senador se entendía bien con el gobernador Javier Duarte y que le hacía el juego para desalentar, ¡oh, cosas de la política!, a los Yunes rojos y azules (Héctor, Pepe y Miguel Ángel), quienes abiertamente buscaban la gubernatura. Julen también la deseaba por su partido, pero el gordo quería imponer a Alberto Silva Ramos para que le tapara su salida como él lo había hecho con Fidel Herrera Beltrán.
Héctor y Pepe se pronunciaron de inmediato en contra, el coordinador de la Junta de Coordinación Política en ese entonces, Juan Nicolás Callejas Arroyo, llegó a hablar de la posibilidad de una gubernatura de ocho años, el perredista Sergio Rodríguez Cortés propuso una gubernatura de transición, la Iglesia Católica a través de su vocero José Manuel Suazo Reyes rechazó la gubernatura bianual, mientras que el grupo de iglesias evangelistas que lidera Guillermo Trujillo Álvarez la vio bien.
El 11 de diciembre, 24 horas después de que se había anunciado oficialmente la iniciativa de Duarte, Pepe citó a conferencia de prensa y la consideró “inconsecuente y lesiva” para las finanzas del Estado. “Si esta iniciativa que propone el gobierno de Veracruz obviamente no genera condiciones de estabilidad económica, no genera condiciones de estabilidad política, sería bueno preguntar: ¿Cuál es el objetivo que busca y qué persigue? Porque yo no lo encuentro. No puedo encontrar un objetivo mayor que el de propiciar dinamismo económico, y a generar condiciones de equilibro político”. Cinco meses antes había dicho también que dos elecciones seguidas en menos de dos años era un gasto excesivo.
El 18 de diciembre de 2014 cuando se aprobó la iniciativa de Duarte pero que propuso el PAN en el Congreso, también el senador panista en aquella fecha, Fernando Yunes Márquez, expresó su rechazo. Entonces el partido Movimiento Ciudadano impugnó la reforma y llevó el caso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación que falló a favor del gordo el 11 de junio de 2015.
La historia ya se sabe. A Duarte le falló todo. No pudo imponer a Silva Ramos, como jefe del PRI en el Estado perdió la elección en 2016, ganó la gubernatura la oposición con su archienemigo al frente, Miguel Ángel Yunes Linares, y terminó en prisión separado de su familia que ahora huye en Europa.
Al actual gobernador ya sólo le restan cinco meses y medio al frente de la administración estatal y la inseguridad, el desempleo y la pobreza aumentaron, la economía está maltrecha y los veracruzanos están divididos. ¿Por ese estado en que se encuentra Veracruz, se le debe agradecer a Duarte que esta administración sea sólo de dos años?