Este miércoles en el pleno de la Cámara de Diputados se aprobaron dos leyes reglamentarias de la reforma al Poder Judicial: reformas a la Ley de Amparo y la Ley Reglamentaria de la Constitución Política, sobre controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad
LATINUS
En el pleno, diputados de los seis grupos parlamentarios subieron a tribuna para mencionar la palabra amparo 278 veces antes de que Morena y aliados aprobaran dos leyes reglamentarias de la reforma judicial: al final, se mantuvieron dos visiones sobre el juicio de amparo.
La primera votación de este miércoles homologa las reformas a la Ley de Amparo y la Ley de Inimpugnabilidad en la Constitución, “con la finalidad de actualizarla y sistematizarla con la reforma constitucional del Poder Judicial”.
Con esta reforma, aprobada por 338 votos a favor y 126 en contra, el juicio de amparo será improcedente contra actos del Órgano de Administración Judicial y del Tribunal de Disciplina Judicial.
“Se trata de armonizar la reforma” mencionó el diputado presidente de la Comisión de Justicia, Julio César Moreno Rivera para reforzar “los principios de certeza y seguridad jurídica, al establecer las reglas claras sobre los efectos de las resoluciones de amparo y sobre la competencia de los órganos jurisdiccionales”.
“Otro aspecto relevante de esta reforma es la actualización de la Ley de Amparo en diversos aspectos normativos y de lenguaje”, destacó el morenista.
Entre los cambios más importantes, Moreno Rivera resaltó también “la armonización de términos como el Distrito Federal, que se sustituye por la Ciudad de México, en concordancia con la Constitución”.
En respuesta, el diputado de Movimiento Ciudadano (MC) Gustavo Adolfo de Hoyos Walther dijo que afirmar que “las reformas a la Ley de Amparo y a la Ley Reglamentaria del artículo 105 constitucional tienen como objetivo proteger la supremacía de la Constitución, es mentirle descaradamente al pueblo de México”.
“Realmente estas iniciativas, como única finalidad, tienen blindar de la revisión judicial las leyes inconstitucionales aprobadas por el oficialismo”, enfatizó.
De Hoyos Walther consideró que “no existe una motivación constitucional y tampoco existe una motivación que sea acorde con el principio de progresividad de los derechos humanos”.
El diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Arturo Yañez Cuéllar consideró que “con esta reforma lo que sucederá es que quien tenga dinero va a promover un amparo y lo hará, y se declarará inconstitucional, pero los efectos sólo beneficiarán a quien lo promovió”.
“Por lo tanto, quién sufrirá más. Lo vamos a decir claro y fuerte, sólo quienes tengan la posibilidad económica pagarán un amparo, pero quienes no lo tengan, lamentablemente, no tendrán acceso al amparo”, subrayó.
El priista Yáñez Cuéllar mencionó que “el único poder de defensa que tenía todo mexicano era el juicio de amparo, y con esta reforma lo van a anular”.
“Siguen en la ruta de la dictadura y se les ha olvidado lo que le prometieron al pueblo de México”, expresó.
Margarita Zavala Gómez del Campo, diputada del Partido Acción Nacional (PAN) afirmó: «asistimos hoy al bochornoso reconocimiento de que esta reforma al Poder Judicial, entre comillas, es una venganza, porque no hay seguridad jurídica cuando se eliminan prácticamente figuras como el juicio de amparo, esa garantía que por generaciones se luchó».
“Se pone no en riesgo, sino que se termina con la independencia y autonomía judicial a través del sometimiento de las decisiones a los intereses electorales”, indicó.
La legisladora del PAN añadió que “lo que antes era un derecho para todos y todas ahora está sujeto a la conveniencia política del momento”.
“Se trata, confiésenlo de una vez, de hacer menos universal el acceso a la justicia. Porque en los autoritarismos el acceso a la justicia resulta muy incómodo”, enfatizó.
La diputada de Morena, Mariana Benítez Tiburcio, aseguró que la oposición “los están engañando y diciendo que va a desaparecer el amparo, de que lo estamos limitando a la máxima expresión, de que es un atentado contra los derechos humanos, les digo con toda contundencia: falso, es falso”.
“El amparo está intocado, el amparo lo van a seguir, pudiendo presentar y ejercer como su derecho las y los ciudadanos, toda persona ante los tribunales”, aseveró.
Benítez Tiburcio aclaró que “lo que estamos hablando es de los efectos de la suspensión, porque hay que decirle a los ciudadanos que cuando se alega un amparo, se alega contra un acto de autoridad o contra una ley”.
“Y en su origen, el juicio de amparo que, por cierto, ha sido una de las mayores aportaciones jurídicas de nuestro país al derecho occidental, siempre en su origen tuvo por objetivo respetar y proteger a quien lo pedía”, abundó la morenista.
Al final, con 335 votos en pro, 125 en contra y una abstención, la Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular, el dictamen a la minuta que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política, sobre controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad.
El proyecto, que es una iniciativa de la presidenta de la República, fue devuelto al Senado de la República.